domingo, 30 de agosto de 2015

Sobre la pretendida indefensión de la infanta Cristina / José Luis Manzanares *

La infanta Cristina, casada con Iñaqui Urdangarin, eje del escándalo políticoeconómico del Instituto Nóos (sin ánimo de lucro), podía saber (o no saber) que el inaudito enriquecimiento patrimonial del matrimonio se debía a las poco ejemplares ganancias de su marido poniendo en valor, como ahora se dice, su condición de yerno de Su Majestad el rey Don Juan Carlos I para amañar contratos y obtener prebendas tanto de determinadas instituciones públicas como de otras entidades que no lo eran tanto.

Bastaría con ese poder saber, por parte de la Infanta, para que no hubiera sido ningún disparate jurídico admitir la existencia de razones suficientes para avanzar en la línea de la responsabilidad penal compartida en algunos de los delitos imputados a su esposo. Aquí sólo se habla de indicios para proceder y no de pruebas para condenar. Subsidiariamente quedaría su posible condena sólo como receptadora civil por haberse beneficiado sin saberlo de las ganancias provenientes de los delitos de su esposo y otros acusados.

Las resoluciones de los tribunales se acatan y la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, recortando el ámbito de la posible responsabilidad penal de Dª. Cristina, tenía en este caso la última palabra: “Roma locuta causa finita”. No importa que quizás no hubiera ocurrido lo mismo con otro tribunal. Lo que ahora se quiere subrayar es que al menos en este punto no cabe lamentar indefensión alguna. Y, justo es decirlo, ni siquiera los medios de comunicación poco afectos a la Monarquía se han quejado por ello.

Al margen de lo ya dicho, el estado actual de la causa invita más bien a hacer un par de consideraciones. Ha sido desestimado el recurso de apelación de la defensa de la Infanta contra el auto del Juez Castro que abre también para ella el juicio oral a petición sólo de la acción popular. Era inevitable a la vista del artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a cuyo tenor: “contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral no se dará recurso alguno”. La excepción acerca de la situación personal del acusado poco tiene que ver en este contexto. El debate sobre la aplicación de la doctrina “Botín”, de la doctrina “Atutxa” o de la consolidada hasta que apareció aquel nombre propio (anteriormente se equiparaba la acción popular con la particular a todos los efectos) se debe producir dentro del juicio oral. Cada cosa a su debido tiempo.

Y llegado a este punto hay que lamentar la larga duración del procedimiento y el juicio paralelo al que no son ajenos el fiscal Horrach y los propios abogados defensores de la Infanta, muy dados a las declaraciones públicas contra las resoluciones de un juez que se ha limitado a razonar sus resoluciones y rechazar en las mismas algunos ataques personales tan gratuitos como inoportunos. Se ha abusado de las garantías procesales para retrasar durante años lo que, si no fuera por la condición de algunos implicados, hubiera podido hacerse en pocos meses. Y es dudoso que, en definitiva, ello haya redundado en beneficio de la Infanta y, por lo tanto, de la propia Corona.

Cuando tanto se habla de la presunción de inocencia, no parece lo más indicado utilizar todos los medios disponibles para que aquella no pueda ser siquiera examinada por los tribunales. Ahora se verá si la presunción se mantiene o no. La Infanta será justamente absuelta en el primer caso. Y en el segundo, si se afirmase su responsabilidad penal, también saldría reforzado el principio de la igualdad ante la ley.

Llevábamos algún tiempo de calma chicha en la información sobre este escándalo, pero las serpientes de mar o lago suelen asomar la cabeza con los calores estivales. La nueva Fiscal General del Estado admite ahora en una entrevista que probablemente le haya perjudicado a la infanta Cristina su relevancia pública. La respuesta es bastante cauta pero, aun así, mejor habría sido abstenerse de todo comentario. Las opiniones en tan delicada materia pueden ir en un sentido u otro. Pasando a Iñaki Urdangarin, ¿habría estado detenido algunos días (para evitar la destrucción de pruebas, por ejemplo) si no hubiese sido el Duque de Palma? Dejemos las conjeturas y esperemos a que los Tribunales se pronuncien.


(*) Consejero Permanente de Estado, Magistrado del Tribunal Supremo (J), Abogado del Estado (J) y Profesor Titular de Derecho Penal


Misión imposible: Las vacaciones de Felipe y Letizia / Jaime Peñafiel *

Esto pudieron pensar Felipe y Letizia cuando el pasado miércoles aparecieron, después de doce días “missing”, en un cine de Manoteras, un barrio de Madrid, en la sesión de las 21.30, para ver “Misión Imposible. Nación secreta”, de Tom Cruise.

“¡Pobrecillos! Pocos días de vacaciones. Van al cine y tienen la mala suerte de que nadie les haga una fotografía”, podía leerse en un tuit.

Y es que después de los doce días sin saber donde podía encontrarse la Familia Real, nadie se cree ya nada. Todo ha sido desplantes, misterio y arrogancias, a propósito de las polémicas vacaciones. Y mentiras. Nadie entiende como Felipe, nada más llegar a Palma, declarara a las autoridades baleares “no sabemos cuanto vamos a estar”.

Bien lo sabía. Ocho días. Ni uno más. Un viaje como el realizado por Letizia y las pijas de sus hijas, con escala en Estambul, no se improvisa.

Cierto es que (¿para despistar?) el rey se quedó esa noche del 8 en Palma. A la hora en que su consorte y las niñas eran vistas en el aeropuerto de la capital turca, a esa hora, precisamente, y para que se le viera bien, Felipe cenaba en la Plaza de Gomila, de Palma, en el restaurante Nitos, con Jaime Anglada, un cantante, dicen que famoso, en el circulo real y cuatro regatistas más.

Se ignora cuando abandonó Palma para reunirse con su familia ¿en el Golfo de Tarento? Solo ellos y dios lo saben. A diferencia de todas las familias reales europeas, que no les importa ser captados por los fotógrafos, nadie entiende por qué tanto misterio y polémica en torno a la española.

Los ciudadanos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Mónaco y Gran Bretaña han sabido, en todo momento, donde se encontraban sus reyes.

Isabel II: en Balmoral; los soberanos de Luxemburgo, Enrique y María Teresa, en la Provenza; Carlos Gustavo, Silvia, la princesa heredera Victoria y su marido Daniel, en el Palacio de Solliden y en la Costa Azul; los belgas Felipe y Matilde en la isla francesa de Yeu y en el castillo de Ciergnon, en el sureste de Bélgica; Guillermo y Máxima, en la localidad de Kranide, en la costa del Peloponeso griego; Alberto y Paola, en la villa que poseen en Cannes; Guillermo y Kate, en el palacio de Anmerhold; los daneses Margarita y Henri en el castillo de Gresten, a 15 kilómetros al norte de la frontera alemana y en los viñedos del sur de Francia, propiedad del consorte danés; Harald, Sonia, Haakon y Mette Marit, a bordo del yate real Norge, llegaron Córcega y Portofino y más tarde en la Fortaleza de Vardohus, al noreste de Noruega. Por último, Charlene de Mónaco, en Mónaco. No hay mejor sitio en la Costa Azul francesa.

Las vacaciones de todos ellos, con luz y taquígrafos pero, sobre todo, con transparencia de la que carece, a pesar de todo lo pregonado, la Casa Real española.

¡Joderos que no nos habéis localizado!

(*) Periodista

Sospechas de que el Rey Juan Carlos apadrinó la operación de venta de 'El Corte Inglés' a Qatar / Joaquín Abad *

La opacidad en torno a la comisión de 17 millones de euros pagados por El Corte Inglés en la operación que facilitó la entrada del capital qatarí hace sospechar que el Rey Juan Carlos I no fue ajeno a la misma, según supo MIL21 en fuentes seguras.

La misteriosa comisión fue abonada a través de sociedades interpuestas o testaferros, en una mecánica similar a la utilizada con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga sentimental de Juan Carlos, en su intermediación para que empresas españolas consiguiesen multimillonarios contratos en proyectos internacionales, indican las citadas fuentes.

Durante las cuatro décadas de reinado (1975-2014) Juan Carlos ha sido generosamente remunerado por las importaciones del petróleo procedente de los países árabes.

Roberto Centeno, ex-directivo de Campsa, intentó, por mandato ministerial, cerrar una importación de crudo kuwaití para España en un momento delicado para las reservas estratégicas, y fue sorprendido por el entonces embajador Fernando Schwartz quien le informó que la operación debía ser intermediada por el Rey Juan Carlos y su correspondiente comisión, de 2 a 3 dólares por barril importado. 

Amistad con reyes y jeques


Pero Juan Carlos no ha obtenido su millonaria fortuna solo por comisiones petrolíferas. La revista estadounidense Forbes estima en 1.600 millones de euros la fortuna personal del rey emérito.

Empresarios del Ibex comentan en privado que en las visitas oficiales a países árabes, Juan Carlos obtenía jugosas comisiones gracias a su amistad con reyes y jeques. Señalan, incluso, que al monarca le gustaba conocer al detalle las operaciones empresariales en curso y se mostraba contrariado si no era informado.

Fueron definitivas las conversaciones de Juan Carlos con el rey Abdullah, de Arabia Saudí para que se concediera a las empresas españolas (Villar Mir y Florentino, entre otros) la construcción del AVE La Meca-Medina con un presupuesto de 6.000 millones de euros. En círculos empresariales madrileños se especuló sobre la cuantía de la comisión.

Gestiones remuneradas



La prensa española informó en mayo de 2014 que Juan Carlos había intervenido en el intento de venta de 200 carros de combate Leopard a Arabia Saudí por importe de 3.000 millones de euros, un contrato con continuos retrasos por problemas de patentes entre General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas y la alemana Kraus Maffei.

Fue definitiva la amistad del rey emérito con el emir de Qatar para que ese país adquiriese en marzo del 2011 el 6,16 por ciento de Iberdrola, valorado en 2.021 millones de euros. Juan Carlos fue especialmente atento con el jeque al acudir a recibirle, junto con la reina Sofía, al aeropuerto de Barajas en la visita oficial del emir y su esposa en abril de 2012.

Amigo del emir Hamad bin Jalifa al Thani


En esta línea no es de extrañar que tras la mercantil Noganoir Capital -radicada en el paraíso fiscal de Singapur-, que ha cobrado 17 millones de euros en concepto de asesoramiento por la inversión de Qatar en El Corte Inglés, se encuentren testaferros vinculados a Juan Carlos.

El monarca emérito mantiene excelentes relaciones con el jeque Hamad bin Jalifa al Thani (55 años de edad), ex primer ministro, ex ministro de Asuntos Exteriores, director del Fondo de Inversiones de Qatar (QIA, por sus siglas en inglés) hasta 2013 y actual presidente del banco de Inversiones Qinvest.

Hamad al Thani, el hombre que pronto se sentará en el Consejo de Administración de El Corte Inglés, está considerado un inversor a gran escala a través de su empresa HBJ y una personalidad influyente que se mueve entre Londres y Nueva York. El clan Al Thani es una de las familias reales más poderosas del mundo, según analistas financieros.

Financiación del Estado Islámico


Se da la circunstancia de que Qatar, junto a Arabia Saudí, financia al Estado Islámico con armas y dinero, según investigaciones publicadas por la prensa anglosajona a raíz de la guerra de Siria y declaraciones de altos mandos militares norteamericanos que reconocen que Estados Unidos apoyó la formación del Estado Islámico por intereses estratégicos.

Medios cercanos a los servicios de inteligencia españoles indican que los miembros del clan Al Thani fijan las líneas estratégicas de la política qatarí (suní) entre las que se encuentra la financiación del Estado Islámico con el objetivo de debilitar al mundo chií liderado por Irán.

Isidoro Álvarez viajó a Qatar en busca de capital

El Rey Juan Carlos siempre ha gozado de amistad y trato con el fallecido presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez. De hecho, durante años la familia real realizaba sus compras en dichos establecimientos y las millonarias facturas se cargaban al departamento de marketing, ya que se consideraba un gasto publicitario que los Reyes de España y su familia eligieran la marca del triángulo verde. 

Se mantuvo en secreto un viaje que Isidoro Álvarez realizó a Qatar para captar capital, dada la delicada situación financiera del grupo con una deuda de 5.000 millones de euros. Las gestiones fueron apadrinadas por Juan Carlos, quien se aseguró que Álvarez fuera recibido por los mandatarios del emirato.

Como ha publicado mil21, dos importantes accionistas, Carlota Areces Galán y Paloma García Peña, representantes de la Corporación Ceslar y Cartera Mancor, respectivamente, han llevado al Consejo de Administración ante los tribunales por irregularidades en la entrada del capital de Qatar.

Qatar quiere hacerse con el control de El Corte Inglés

La exigencia del emirato árabe de que se cambien los estatutos y que los actuales accionistas pierdan el derecho de suscripción preferente sobre la autocartera del grupo, tiene por finalidad que Qatar se haga con el control absoluto de El Corte Inglés gracias a cláusulas impropias en el contrato para la inyección de esos primeros 1.000 millones de euros, que valora en un 10 por ciento del capital de la empresa.

Este 30 de agosto se celebrará la Junta de Accionistas de El Corte Inglés en un ambiente enrarecido. Una parte de los accionistas votarán en contra del cambio de estatutos exigido por Hamad al Thani y pedirán explicaciones de los 17 millones de euros pagados como comisión por la entrada del capital qatarí, además de los abonados al banco financiero estadounidense Morgan Stanley.



(*) Periodista y editor de www.muyconfidencial.com