MADRID.- La Casa del Rey ha expresado hoy su "respeto absoluto a la independencia
del poder judicial" tras conocer la decisión del juez instructor del
caso Nóos, José Castro, de llevar a juicio a la infanta Cristina, que será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales.
Sobre
la posibilidad de que la hija menor de don Juan Carlos deba o no
renunciar a sus derechos dinásticos -ocupa el sexto lugar en la línea de
sucesión-, fuentes de la Casa del Rey se han limitado a recordar que se trata de una decisión personal de doña Cristina.
Una
vez que Castro la ha incluido como acusada en el auto de apertura de
juicio oral que ha dictado hoy, la infanta será juzgada por la Audiencia
de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos
por su marido, Iñaki Urdangarin.
Doña Cristina,
apartada de toda actividad institucional desde finales de 2011, dejó de
ser miembro de la Familia Real tras la abdicación de don Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI, el 19 de junio, al pasar de ser hija a hermana del Rey.
La
infanta compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3
de Palma el pasado 8 de febrero como imputada por presunto fraude fiscal
y blanqueo de capitales y cuando, el 25 de junio, el juez Castro
mantuvo esa imputación, la Casa del Rey también manifestó su "pleno
respeto a la independencia del poder judicial".
En esos mismos términos se expresó la institución que administra la actividad oficial del jefe del Estado y de la Familia Real tanto el 7 de noviembre, cuando la Audiencia de Palma decidió mantener la imputación de la infanta sólo por delito fiscal, como el pasado día 9, cuando el fiscal Pedro Horrach pidió la exculpación de doña Cristina.
En esos mismos términos se expresó la institución que administra la actividad oficial del jefe del Estado y de la Familia Real tanto el 7 de noviembre, cuando la Audiencia de Palma decidió mantener la imputación de la infanta sólo por delito fiscal, como el pasado día 9, cuando el fiscal Pedro Horrach pidió la exculpación de doña Cristina.
Horrach
consideró que no había indicios para acusarla, aunque le reclamó que
devolviera, como responsable civil a título lucrativo, 587.413 euros,
cantidad que la infanta pagó hace una semana, aunque no quedó ingresada
en el juzgado nº 3 de Palma hasta dos días después por un error de
la defensa de doña Cristina, que inicialmente ingresó el dinero en la
cuenta de otro juzgado.
Doña Cristina, que trabaja en Ginebra para
la Fundación "la Caixa", no estuvo presente ni en la ceremonia de
proclamación de su hermano en el Congreso ni en la de abdicación de su
padre celebrada la víspera en el Palacio Real, a diferencia de su
hermana mayor, la infanta Elena, que asistió a ambas.
En
su ya histórico discurso de proclamación, pronunciado ante una solemne
sesión conjunta del Congreso y el Senado, el nuevo jefe del Estado
subrayó que la Corona debe "velar por la dignidad de la institución,
preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y
transparente".
"Hoy más que nunca, los ciudadanos demandan con
toda razón que los principios morales y éticos inspiren -y la
ejemplaridad presida- nuestra vida pública", señaló Felipe VI el día de
su proclamación, antes de continuar: "Y el Rey, a la cabeza del Estado,
tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa
y legítima exigencia de los ciudadanos".
En el auto que ha dictado hoy, el juez instructor del caso Nóos
fija para doña Cristina una fianza por responsabilidad pecuniaria de
2,6 millones de euros y, en contra de los argumentos de la defensa de la
infanta, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, considera que la
acusación popular, que ejerce el sindicato Manos Limpias, está
legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del Rey.