lunes, 22 de diciembre de 2014

La Casa del Rey destaca "la independencia del poder judicial" tras conocer la decisión del juez

MADRID.- La Casa del Rey ha expresado hoy su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial" tras conocer la decisión del juez instructor del caso Nóos, José Castro, de llevar a juicio a la infanta Cristina, que será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales.

Sobre la posibilidad de que la hija menor de don Juan Carlos deba o no renunciar a sus derechos dinásticos -ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión-, fuentes de la Casa del Rey se han limitado a recordar que se trata de una decisión personal de doña Cristina.
Una vez que Castro la ha incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral que ha dictado hoy, la infanta será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.
Doña Cristina, apartada de toda actividad institucional desde finales de 2011, dejó de ser miembro de la Familia Real tras la abdicación de don Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI, el 19 de junio, al pasar de ser hija a hermana del Rey.
La infanta compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el pasado 8 de febrero como imputada por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales y cuando, el 25 de junio, el juez Castro mantuvo esa imputación, la Casa del Rey también manifestó su "pleno respeto a la independencia del poder judicial".
En esos mismos términos se expresó la institución que administra la actividad oficial del jefe del Estado y de la Familia Real tanto el 7 de noviembre, cuando la Audiencia de Palma decidió mantener la imputación de la infanta sólo por delito fiscal, como el pasado día 9, cuando el fiscal Pedro Horrach pidió la exculpación de doña Cristina.
Horrach consideró que no había indicios para acusarla, aunque le reclamó que devolviera, como responsable civil a título lucrativo, 587.413 euros, cantidad que la infanta pagó hace una semana, aunque no quedó ingresada en el juzgado nº 3 de Palma hasta dos días después por un error de la defensa de doña Cristina, que inicialmente ingresó el dinero en la cuenta de otro juzgado.
Doña Cristina, que trabaja en Ginebra para la Fundación "la Caixa", no estuvo presente ni en la ceremonia de proclamación de su hermano en el Congreso ni en la de abdicación de su padre celebrada la víspera en el Palacio Real, a diferencia de su hermana mayor, la infanta Elena, que asistió a ambas.
En su ya histórico discurso de proclamación, pronunciado ante una solemne sesión conjunta del Congreso y el Senado, el nuevo jefe del Estado subrayó que la Corona debe "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente".
"Hoy más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren -y la ejemplaridad presida- nuestra vida pública", señaló Felipe VI el día de su proclamación, antes de continuar: "Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos".
En el auto que ha dictado hoy, el juez instructor del caso Nóos fija para doña Cristina una fianza por responsabilidad pecuniaria de 2,6 millones de euros y, en contra de los argumentos de la defensa de la infanta, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, considera que la acusación popular, que ejerce el sindicato Manos Limpias, está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del Rey.

La defensa de la Infanta estudia un posible recurso

BARCELONA.- El abogado de la Infanta Cristina Miquel Roca ha anunciado este lunes que recurrirán la decisión judicial por la cual ella es una de las imputadas del caso Nóos que finalmente irá a juicio, porque el auto "viene a contradecir una doctrina muy establecida y consolidada".

Lo ha dicho en declaraciones a la puerta de su despacho, después de que el juez José Castro haya decidido sentarla en el banquillo, no aplicando así la 'doctrina Botín', que impide juzgar a alguien si sólo le acusa quien ejerce la acción popular --en este caso Manos Limpias, que pide ocho años de cárcel para la hermana del Rey--.
Según Miquel Roca, la resolución judicial contradice una doctrina consolidada, "hasta el punto de que el juez, para fundamentar su acusación, tiene que acogerse a los votos particulares que no resultaron ganadores".
Ha justificado el inminente recurso afirmando que el auto judicial hecho público este mismo lunes no constata es para una resolución de juicio oral simple, "sino que resuelve cuestiones de legitimación sobre si la acusación popular está legitimada para instar un procedimiento y una acusación de esta naturaleza", cuando ni el ministerio fiscal ni la abogacía del Estado sostienen ningún tipo de acusación contra la Infanta, ha dicho.
Roca ha añadido que no sabe aún el plazo exacto que tiene la defensa para presentar recurso, pero cree que expirará el 2 de enero.
"No pedimos trato de favor"
"Sólo pedimos que se aplique la ley y se respete la doctrina jurisprudencial; no pedimos ningún trato de favor", ha aseverado.
Al preguntársele si cree que la Infanta debe renunciar a sus derechos dinásticos, se ha limitado a contestar: "No es un tema que haya sido confiado a nuestra defensa".
Está "especialmente afectada"
Sobre el estado de ánimo de la hermana del Rey, ha afirmado que se encuentra "especialmente afectada" tras recibir con sorpresa la noticia.
Preguntado sobre la fianza de 2,6 millones de euros exigida a la Infanta, Roca ha asegurado que no será efectiva en los próximos días porque "no es el momento de tratar estas cuestiones".
El titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Palma ha acordado sentarla en el banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.

El juez Castro sienta a la Infanta Cristina en el banquillo

PALMA DE MALLORCA.- La Infanta Cristina será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, una vez que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, la ha incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral que ha dictado hoy.

En contra de los argumentos de la defensa de la Infanta, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Castro ha considerado que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del Rey, para la que reclama 8 años de prisión.
El juez instructor, que fija para la Infanta una fianza por responsabilidad pecuniaria de 2,6 millones de euros, ha dejado fuera de la lista de 20 imputados que fijó la Audiencia de Palma al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, y a los exdirectivos de Madrid 2016 Miguel de la Villa y Gerardo Corral.
En un auto de 150 páginas contra el que, según su criterio, no cabe recurso alguno, Castro rebate los argumentos de la defensa de la duquesa de Palma y, particularmente, los de la Fiscalía Anticorrupción, que presentaron escritos reclamando el sobreseimiento de la causa respecto a ella en aplicación de la doctrina Botín.
Una de las razones esenciales del instructor es que en el caso en el que el Tribunal Supremo decretó que la acusación popular no estaba legitimada por sí sola para llevar a juicio al presidente del Banco de Santander la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclamaban el sobreseimiento de la causa, mientras que en el caso Nóos sólo lo solicitan para la Infanta (y parcialmente para Ana María Tejeiro, esposa del Diego Torres, el socio de Urdangarin).
La Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, "sí que se estima perjudicada" por presuntos delitos fiscales de Iñaki Urdangarin, para quien pide condena por los mismos, igual que la Fiscalía, recuerda el juez.
"Al no haber quedado satisfecho el interés social y el individual, aun sin la intervención de quienes teóricamente se presentan como sus exclusivos paladines, indefectiblemente se produciría la apertura de juicio oral, si bien con una extensión subjetiva algo distinta" de la que plantea la Agencia Tributaria, continúa.
Pero puntualiza que la Abogacía del Estado no define su perjuicio "en el ámbito tributario administrativo, lo que podría ser una apreciación lógica, sino (que designa) penalmente y a su capricho a las personas que habrán de responder por ello, excluyendo inexplicablemente a otras" contra el criterio del instructor y la Audiencia de Palma, subraya Castro.
Castro proclama en su auto de apertura de juicio oral que "lo que tú defraudas, lo pagamos todos", aseverando cómo la propia Agencia Tributaria ha impulsado en los últimos años "eslóganes" y campañas como "Hacienda somos todos" con el objetivo de evitar conductas ilícitas contra el fisco.
En su resolución, Castro recalca cómo "se decidió llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria" entre las que destaca, "por ser un clásico del que se ha hecho un prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'Lo que tú defraudas, lo pagamos todos'".
El juez indica que la interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hizo el Supremo en la doctrina Botín fue "novedosa, sorpresiva y no unánime", y ha sido matizada en posteriores sentencias del mismo órgano que avalan la legitimación de la acción popular para abrir juicio oral, basada en el reconocimiento constitucional de esa figura.
Considera asimismo que el bien jurídico dañado en un delito fiscal no puede quedar solo bajo la protección de la acusación particular de la Abogacía del Estado, porque eso "sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquellos".
En respuesta a los reproches del fiscal del caso, Pedro Horrach, sobre la supuesta indefensión de la Infanta ante la actuación de Castro, el juez asegura que "ninguna imputación ha sido tan profusamente fundamentada", y que de haber diferencia de trato sería por haber sido con ella "incluso aun más garante que con los demás imputados.
"La alegada indefensión, si es que existe en algún recóndito tramo que no es adivinable, será la misma que padecerían todos los imputados en esta causa y de todas las demás que se siguen en España".