jueves, 10 de abril de 2014

El Rey, con el Consejo de Administración de RTVE

MADRID.- El Rey ha recibido hoy en el Palacio de la Zarzuela al Consejo de Administración de RTVE, presidido por Leopoldo González-Echenique.

La audiencia se ha celebrado en el Salón de Audiencias de Zarzuela, donde don Juan Carlos se ha fotografiado con los miembros de este órgano antes de reunirse con ellos a puerta cerrada.
Junto a González-Echenique, han asistido los consejeros Teresa Aranguren Amézola, María Luisa Ciriza, Rosario López Miralles, Fernando Navarrete Porta, José Manuel Peñalosa Ruiz, Óscar Pierre Prats y Miguel Ángel Sacaluga, así como la secretaria general Laura de Rivera y el vicesecretario, Enrique Sánchez Fernández.
El monarca ha aprovechado el saludo a Sacaluga para elogiar el programa que dirige en TVE, "Audiencia Abierta", una crónica semanal sobre las actividades de la Familia Real.
El Consejo de Administración de RTVE fue renovado por el Parlamento en junio de 2012, en un proceso que culminó en el Congreso con la elección por mayoría absoluta de Leopoldo González-Echenique como presidente de la Corporación RTVE y del Consejo.
El actual régimen de la corporación data de 2006, cuando entró en vigor la ley reguladora del servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado.
Esta audiencia celebrada por el Rey ha sido su última actividad oficial antes del viaje que el próximo domingo emprende a los Emiratos Árabes y Kuwait, acompañado por cuatro ministros, y el cual concluirá el miércoles 16.

El Príncipe Felipe visita la Maestranza Aérea de Albacete

ALBACETE.- Las instalaciones de la Maestranza Aérea de Albacete, infraestructura que se ocupa del mantenimiento y la reparación de las aeronaves del Ejército del Aire, recibieron hoy una visita de excepción, la de Su Alteza Real don Felipe de Borbón. Quien aterrizó a las 10:38 horas, en un helicóptero «Superpuma» de la fuerza aérea, en las pistas de la instalación militar para conocer los trabajos que el personal civil y militar realiza con aviones como los «EF-18», el «F-5» o las aeronaves de enseñanza de la Academia General del Aire.

A su llegada a Albacete fue recibido por el Jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Javier García Arnaiz; y por los coroneles jefes de la Maestranza, Rubén García; del Ala 14 y de la Base de los Llanos, Guillermo Cavo; y de la escuela de perfeccionamiento de pilotos de la OTAN (TLP), Enrique Martínez. Tras pasar revista a una escuadrilla de honores, el Príncipe recorrió los distintos talleres de la Maestranza y se interesó por las labores de mantenimiento de los «C-101», aviones de enseñanza de la Academia General del Aire.
También se subió a un «F-5», un reactor de enseñanza proveniente del Ala 23, en la Base Aérea de Talavera, y un cazabombardero «EF-18» proveniente del Ala 46 de la Base de Gando, en las Islas Canarias. Don Felipe de Borbón preguntó asimismo a los responsables de la Maestranza por los trabajos de mantenimiento de los hidroaviones Bombardier de la Base de Torrejón, de los que ahora mismo hay cinco en los talleres albaceteños.
En la Maestranza Aérea trabajan en la actualidad cerca de 600 personas, de las que casi un 20 por ciento son personal militar. Habitualmente se encargan de las revisiones periódicas de los aviones «EF-18», «F-5» y de las aeronaves de enseñanza de la Academia General del Aire.
Entre sus atribuciones también está el mantenimiento de los aviones. «Eurofighter», aunque en la actualidad no hay ninguno de estos aparatos en los hangares de reparación. Las cuatro horas de visita real que concluyeron con una foto de familia que seguro recordarán los trabajadores de esta instalación que este año cumple 75 años de vida.

El juez Castro pondrá fin a la instrucción y decidirá sobre la Infanta pasada Semana Santa

PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, pondrá fin a la instrucción del caso Nóos pasada la Semana Santa, previsiblemente a partir de finales de abril, y lo hará a través de una resolución -conocida como auto de pase a procedimiento abreviado- en la que decidirá si mantiene la imputación de la Infanta Cristina como primer paso para que pueda sentarse en el banquillo de los acusados, según han señalado fuentes jurídicas.

   El magistrado encara de este modo la recta final de unas investigaciones que dieron sus primeros pasos a principios de 2010, en el marco del caso Palma Arena, y que estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas, a través de las cuales tanto Iñaki Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.
   En concreto, el juez, quien desde hace semanas permanece trabajando en la elaboración de un extenso auto con el que cerrará la instrucción -siempre que no aparezcan nuevos elementos que alteren el curso de las pesquisas-, se encuentra pendiente tan sólo de las declaraciones de hasta quince testigos fijadas para este viernes y sábado en Valencia, de la que resta por efectuar por escrito el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y de que la Audiencia Provincial de Baleares decida si Urdangarin, Torres y la mujer de éste son imputados por presunto blanqueo de capitales.
   Respecto a esta última diligencia, el tribunal de la Sección Segunda debe resolver el recurso de apelación interpuesto por el sindicato Manos Limpias para pedir que los tres encausados sean citados de nuevo a declarar ante Castro, en esta ocasión por la supuesta comisión del anterior delito. Por el momento, el recurso de la acusación popular aún no ha sido registrado en la Audiencia para su resolución.
   Pese a que esta impugnación no tiene carácter suspensivo -el juez podría concluir las investigaciones sin que la Audiencia haya decidido sobre ella-, Castro esperará a que el tribunal falle en torno a la solicitud de Manos Limpias, que sostiene cómo Urdangarin, Torres y Ana María Tejeiro incurrieron en un delito de blanqueo por cuanto los tres imputados se lucraron "en su propio beneficio" del dinero que de forma ilícita obtuvieron de las Administraciones públicas a través del Instituto Nóos y que posteriormente desviaron a sociedades de su entramado empresarial.
   Una vez culminadas estas diligencias, el juez dictará finalmente el auto de transformación a procedimiento abreviado, contra el que cabrá tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- o de apelación -directamente ante la Audiencia-. En él determinará contra quiénes de la treintena de imputados de la causa, entre los que se encuentra la hija del Rey Don Juan Carlos, hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.
   Así, con esta resolución dará paso a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones del caso -Abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, Manos Limpias, Frente Cívico 'Somos Mayoría', PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- para que presenten su escrito de calificación provisional en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.
   En el caso de la Fiscalía, la acusación pública contempla solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, a quien acusará de un delito de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y dos delitos fiscales. La pena concreta dependerá de si el yerno del Rey abona antes, junto a Torres, los cerca de seis millones de euros de los que se apoderaron de las Administraciones públicas. La petición que formulará para su exsocio oscilará, por su parte, entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será atribuido un solo delito fiscal.
   Del mismo modo, el Ministerio Fiscal solicitará en su escrito que la Infanta, se siente o no finalmente en el banquillo de los acusados, responda civilmente -a título lucrativo- de los fondos supuestamente defraudados por su marido a través de Aizoon, sociedad de la que ambos son copropietarios y que se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.
   De hecho, el artículo 122 del Código Penal establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados. El fiscal se amparará en este precepto para solicitar a la Infanta la fianza de responsabilidad civil.
   Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945), el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares, puso la lupa sobre la actividad presuntamente irregular del entramado empresarial encabezado por Urdangarin y Torres en febrero de 2010 cuando, en el marco del caso Palma Arena, comenzó a interrogar a varios exaltos cargos de la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) sobre la gestación de los foros sobre turismo y deporte que el Instituto Nóos organizó en Palma en 2005 y 2006 y por los que la entidad percibió un total de 2,3 millones de euros públicos.
   Sin embargo, ya a principios de 2006 el diputado socialista Antoni Diéguez preguntaba en el Parlament balear sobre el destino que dio Nóos a los 1,2 millones de euros que cobró del Govern de Matas por el foro sobre turismo y deporte celebrado pocos meses antes en Palma. Nada hacía presagiar que de la supuesta defraudación investigada en el marco de estas jornadas afloraría un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión del Instituto y que culminarían con el presunto apoderamiento de hasta 5,9 millones de euros públicos.
   El nombre de Nóos salió a relucir en unas pesquisas centradas, entre otras numerosas cuestiones, en el destino que el Ejecutivo balear dio realmente a millonarias partidas que bajo el mandato de Matas -sobre quien pesan dos condenas por corrupción al frente del Govern- salieron de las arcas públicas.
   Junto a los denominados Illes Balears Forum y Valencia Summit adjudicados a Nóos por hasta 2,3 y 3,6 millones de euros, respectivamente, en manos de Castro también se encuentran investigaciones en torno al presunto desvío de 1,2 millones de euros en el anteproyecto de un palacio de la ópera de Palma que fue encargado al arquitecto Santiago Calatrava y de más de 50 millones en la construcción del velódromo Palma Arena.
   El magistrado, cuyo Juzgado aglutina varias de las principales causas de corrupción política y económica que se instruyen en Baleares, ha tenido ante sí, a lo largo de interrogatorios que se han prolongado hasta durante tres días, al expresidente del Govern Jaume Matas, a varios de sus exconsellers, a Santiago Calatrava, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero, al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga y, en dos ocasiones, a Iñaki Urdangarin. El pasado 8 de febrero fue el turno de la Infanta Cristina tras haber acordado por segunda vez su imputación.