viernes, 7 de febrero de 2014

El Príncipe destaca la "madurez" y "sabiduría" del pueblo tunecino

TÚNEZ.- El Príncipe de Asturias ha destacado este viernes la "madurez" y "sabiduría" del pueblo tunecino, gracias al cual este país ha sido "siempre" un "pionero" en la construcción de un Estado "moderno" y "respetuoso" de los derechos sociales.

   Don Felipe ha representado a España en el acto de celebración de la nueva Constitución tunecina en el Palacio Presidencial de Cartago, que ha contado con la presencia del presidente francés, François Hollande, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y el Príncipe Mulay Rachid de Marruecos, entre otras autoridades.
   El Heredero de la Corona ha sido una de las veinte personalidades que han tomado la palabra en el acto. Lo primero que ha hecho es transmitir a los tunecinos una "felicitación calurosa" en nombre del pueblo español y dejar claro que España comparte su "alegría" y "esperanza" en estos momentos.
   "Túnez ha sabido siempre estar en la cita con la historia y en la vanguardia de las conquistas políticas y sociales", ha subrayado el Príncipe, que ha recordado cómo España emprendió también hace casi cuatro décadas un proceso de "cambios profundos" que, en un periodo de tres años, culminó en 1978 con la aprobación por una "muy amplia mayoría" de una nueva Constitución que estableció "un marco de convivencia para todos los españoles".
   "También hoy la comunidad internacional ha reconocido y saludado los esfuerzos y sacrificios de todos los actores en favor de la adopción de la nueva Constitución tunecina" que "garantiza las libertades fundamentales, el estado de derecho, la separación de poderes y la independencia de la justicia", ha destacado el Príncipe en un discurso leído casi íntegramente en francés.
   Ha puesto en valor el apoyo que España ha prestado a la transición democrática "desde su inicio" y ha confiado en que la nueva etapa que se inicia ahora permita a ambos países "reforzar" la relación bilateral "en todos los terrenos". España, ha asegurado, tiene "la voluntad y la determinación" de "contribuir al progreso y a la prosperidad de Túnez".
   El Príncipe llegó esta mañana a Túnez, donde fue recibido en el aeropuerto con honores de jefe de Estado por el presidente de la República, Moncef Marzouki, con quien ha mantenido un encuentro.
   Don Felipe ha viajado al país magrebí acompañado del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, el secretario general de la Casa del Rey, Alfonso Sanz Portolés, el secretario del Príncipe, Jaime Alfonsín y el director general para el Magreb, Africa, Mediterráneo y Oriente Próximo, Manuel Gómez-Acebo Rodriguez-Spiteri.
   Tras el acto de celebración de la nueva Constitución, el Príncipe se ha quedado al almuerzo que ofrece Marzouki a las delegaciones que se han desplazado a Túnez. En los márgenes de estos actos, Don Felipe ha tenido oportunidad de mantener un encuentro con el presidente Hollande, al que han asistido De Benito y el presidente de la Asamblea francesa, Bernard Accoyer.
   El Príncipe y el resto de la delegación española también se han entrevistado con el primer ministro tunecino, Mehdi Jomaa, y su ministro de Exteriores, Mongi Hamdi, a quienes han entregado una carta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, invitándoles a visitar España, con quien Túnez ha de retomar las tradicionales cumbres bilaterales o Reuniones de Alto Nivel.
   España ha sido uno de los países que más ha apoyado la transición tunecina, en la medida de sus posibilidades. El exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer líder europeo que viajó a Túnez tras la revolución que derrocó el régimen de Zine el Abidine Ben Ali.
   Tras la llegada al poder en España del PP, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, visitó el país en marzo de 2012, para conocer de primera mano cómo estaba avanzando la transición hacia una democracia y cuáles eran las necesidades de las empresas implantadas allí.
   La presencia empresarial de España en Túnez, si bien no es muy significativa, es relevante en el sector hotelero, de la construcción, energías renovables y en agricultura.
   En el proceso de transición ha tenido un fuerte protagonismo el diplomático español Bernardino León, actual representante especial de la UE para el Sur del Mediterráneo.
   En el plano bilateral, España ha apoyado la transición tunecina a través de varios programas de cooperación, entre ellos el programa Masar que financia la AECID y que se centra en fortalecer las instituciones públicas y contribuir a capacitar a las sociedades civiles de los países del Mediterráneo que hayan iniciado reformas hacia una mayor democracia.
   En Túnez, en concreto, España ha financiado con 250.000 euros un programa de formación policial y otro para el personal de prisiones, con un coste de 300.000 euros, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
   En el ámbito de la UE, España ha dado la batalla para que los Veintiocho acompañen con fondos económicos la transición para evitar que la revolución hacia la democracia se trunque si la ciudadanía no ve satisfechas sus aspiraciones de mayor prosperidad. Al final la UE ha contribuido con 400 millones de euros para Túnez en el periodo 2011-2013.
   De cara al futuro, y a petición tunecina, España y el resto de la UE trabajarán para relanzar la economía tunecina y facilitar las reformas económicas y en la justicia, además de colaborar en rehabilitar barrios marginales.
   España será uno de los países que contribuya al desarrollo de la nueva Asociación entre la UE y Túnez, que tocará aspectos como la movilidad de trabajadores, la inmigración y la seguridad.

IU propone para España un Estado federal republicano, que contemple el derecho a la secesión

MADRID.-   Izquierda Unida trabaja en la propuesta de un Estado federal, republicano, solidario, plurinacional y democrático que reconozca el derecho de sus territorios a la secesión por una mayoría cualificada, ya que considera que "el derecho a convivir es algo que no se puede imponer por la fuerza".

   El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha presentado este viernes la Conferencia sobre modelo de Estado que el partido celebrará mañana junto al líder de la coalición en Andalucía, Diego Valderas, quien ha coordinado los trabajos de redacción de un texto base que después deberá ser refrendado por el Consejo Federal de IU.
   El partido afronta este debate desde la base de que, a su juicio, el actual marco constitucional y el Estado de las autonomías está "quebrado" desde que el Tribunal Constitucional rechazó diversos artículos del Estatuto de Cataluña aprobado por las Cortes Generales. Por este motivo, ve con buenos ojos el recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía.
   Pero además, liga el asunto a la actual situación del Estado debido a las políticas neoliberales "del bipartidismo con la ayuda de CiU" y las desigualdades sociales generadas. En este contexto, han surgido dos posturas: "la recentralizadora del PP que culpa a las autonomías y entidades locales de un derroche excesivo y el incremento de los movimientos independentistas bajo el argumento de un déficit fiscal".
   Por ello, IU quiere ofrecer a los ciudadanos una alternativa basada en un Estado federal que dé solución a los problemas sociales, así como a los de los territorios "dentro de una democracia participativa".
 "No se puede construir un Estado confrontando identidades y territorios. Hay que abordarlo desde el conflicto de clases", ha explicado Lara.
   Y aunque su modelo de Estado incluye el derecho a la secesión de los territorios federados, considera que los ciudadanos deben ser conscientes de que "no todo es autonomía o recentralización" y existen otras posibilidades de "convivir y seguir viviendo juntos". De hecho, Cayo Lara ha aventurado que, a su juicio, en la sociedad catalana serían muchos más los ciudadanos que optarían por seguir conviviendo en un Estado federal que aquellos que elegirían "romper o, por otro lado, dar marcha atrás".
   Pero además, ha reivindicado el papel de IU en este debate y ha recordado que su apuesta por el Estado federal y republicano ya estaba plasmada en un documento de 1996. "Quienes ahora hablan de esto y se quieren sumar, bienvenidos sean", ha apuntado en clara referencia al PSOE. Pese a ello, no ha querido comparar ambos modelos argumentando que el de los socialistas aún no es conocido.
   En este punto, Lara sí que ha hecho hincapié en los derechos fundamentales y ha censurado a los políticos que se dedican a "aplaudir la Constitución cada 365 días y violarla los otros 364 días".
 "Se están pasando la Constitución por el forro de las narices", ha denunciado a la vez que ambos dirigentes han dejado claro que en el nuevo marco de Estado que proponen no tiene cabida el artículo 135 de la Carta Magna pactado por PP y PSOE para garantizar la estabilidad presupuestaria.
   Además, Cayo Lara ha querido valorar el debate sobre la publicación de las balanzas fiscales y el modelo elegido para hacerlo, en el que "cada uno lo hace arrimando el ascua a su sardina". Y aunque ha asegurado que IU apoya su publicación porque las considera "importantes" para conocer "cómo se mueven los recursos", ha defendido que "lo importante son las balanzas sociales".
   "Hay un incremento de la pobreza, el paro, las empresas que están despidiendo con beneficios, las privatizaciones en educación o sanidad. Esas son las balanzas sociales que hay que publicar para descubrir el daño que han hecho las políticas neoliberales de PP y PSOE en alianza con CiU", ha defendido.
   Además, ha evitado entrar en las especulaciones sobre un encuentro entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, y ha defendido que ambos mandatarios deberían hablar sobre las consecuencias que han tenido sus políticas sobre los ciudadanos. "Es bueno el diálogo y el entendimiento, pero son dos polarizaciones que están escondiendo los problemas de sus políticas en Cataluña y España. A ambos les viene bien la guerra de banderas", ha advertido.

La Infanta Cristina, 28 meses apartada de la agenda de la Familia Real, siempre ha tenido el apoyo de Zarzuela

MADRID.- La Infanta Cristina, que declarará mañana como imputada ante el juez que investiga el caso Nóos por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales, lleva casi 28 meses apartada de facto de la agenda oficial de actos de la Familia Real, a pesar de que la Casa del Rey ha manifestado que está convencida de su inocencia.

   El 12 de diciembre de 2011 fue la última vez que se vio a los duques de Palma representando a la Corona en un acto institucional. Fue durante los actos de celebración de la Fiesta Nacional, cuando asistieron junto al resto de la Familia Real al tradicional desfile militar y a la posterior recepción en el Palacio Real.
   Entonces aún vivían en Washington, donde Iñaki Urdangarin trabajaba como directivo de Telefónica. Apenas un mes después de la celebración del Doce de Octubre, estalla el escándalo en torno a los negocios supuestamente fraudulentos que entabló Urdangarin con las Administraciones balear y valenciana.
   Aunque las primeras denuncias sobre la supuesta irregularidad de los contratos firmados con Nóos con estos dos Gobiernos regionales datan de 2006, los registros del 4 de noviembre de 2011 situaron el caso Nóos en las primeras portadas de los periódicos.
   En ese momento empezó un "martirio" para la Casa Real, en palabras del jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, con revelaciones casi a diario en los medios de comunicación en torno a los presuntos chanchullos del duque, pero también con correos electrónicos de carácter más íntimo.
   En respuesta a la presión de la opinión pública ante este escándalo, Zarzuela anunció en diciembre de 2011 que Urdangarin quedaba apartado de la agenda oficial de la Familia Real por haber tenido un comportamiento "no ejemplar" en los negocios que emprendió. ¿Y la Infanta?, preguntaron entonces los periodistas. "Ya veremos", contestó Spottorno.
   Lo cierto es que la Infanta, al igual que su marido, permanece alejada de la agenda de la institución desde el 12 de octubre de 2011. Tan solo se ha dejado ver con su familia en actos de carácter privado, como las visitas a su padre en el hospital.
   En una de estas visitas, tras la primera operación de la cadera izquierda del Rey en noviembre de 2012, los duques de Palma se presentaron en el hospital, donde coincidieron con la Reina, los Príncipes de Asturias y la Infanta Elena.
   Esa aparición de ambos se interpretó como una especie de perdón al duque. Aunque en un primer momento Zarzuela intentó distinguir entre los actos oficiales de la Familia, de los que Urdangarin había sido apartado, de los estrictamente familiares, días después la institución sacó a Urdangarin de su página web para "marcar distancias" de nuevo con el yerno del Rey. Zarzuela reconocía que esa visita al hospital había sido un error porque había confundido a la ciudadanía.
   A partir de entonces, la Infanta ha vuelto a visitar a su padre en el hospital en las tres operaciones siguientes a las que se sometió en 2013 (una de columna y dos de cadera) pero siempre lo ha hecho sin su marido.
   Las apariciones públicas de la Infanta se han limitado así a actos familiares, aunque hubo una excepción en junio pasado: la misa conmemorativa del primer centenario del nacimiento de su abuelo, Don Juan, conde de Barcelona, al que asistieron los Reyes, los Príncipes, la Infanta Elena, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios de sus ministros. Un acto familiar, pero al mismo tiempo institucional.
   A lo largo de toda la investigación del caso Nóos, Zarzuela ha marcado diferencias claras entre Urdangarin y la Infanta. Si al primero lo ha ido desvinculando poco a poco de la institución (primero anunció que quedaba apartado de la agenda por su comportamiento "no ejemplar", después le sacó de la página web), ha cerrado filas en torno a la Infanta Cristina.
   Y lo ha hecho porque el propio Rey se ha implicado en su defensa, y consensuó con su hija la elección de sus abogados, el exsecretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Miguel Roca, amigo del monarca desde los tiempos de la Transición y ponente de la Constitución, a quien apoya el abogado penalista Jesús María Silva.
   Nada que ver con lo que ocurrió tras la imputación de Urdangarin, quien eligió a un abogado de su confianza, Pascual Vives, sin que Zarzuela interviniera en esa decisión. Las diferencias que ve Zarzuela entre una imputación y otra se podrían resumir en las siguientes: que la Infanta es la hija del Rey, que Zarzuela cree en su inocencia y que por tanto considera injusta su imputación.
   De ahí que la Casa Real reaccionara de forma bastante inusual tras conocer la decisión del juez Castro de citar a declarar a la Infanta Cristina como imputada por vez primera en abril de 2013.
   A través de una declaración leída por un portavoz de la institución a las agencias de noticias, Zarzuela expresó su "sorpresa" por el "cambio de posición" del juez José Castro --que en un auto anterior había rechazado imputar a la Infanta-- manifestó su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir el auto y reconoció su malestar por haber conocido la noticia a través de los medios de comunicación.
   En el entorno de Zarzuela se consideraba que no había habido ningún dato o información nueva que justificase la imputación de la Infanta respecto de los datos que el juez ya conocía en marzo pasado, cuando se mostró en contra de imputarla.
   La Infanta Cristina no forma parte del llamado "núcleo central" de la Familia Real, reservado a los Reyes y los Príncipes, los únicos que viven exclusivamente de los presupuestos que el Estado reserva anualmente para la Casa Real.
   Es la séptima en el orden de sucesión al trono por detrás de su hermano, el Príncipe Felipe; sus hijas, las Infantas Leonor y Sofía; y la Infanta Elena y sus hijos, Victoria Federica y Felipe Juan Froilán.
   Aunque se ha especulado en torno a la posible renuncia de la Infanta Cristina a sus derechos dinásticos, en Zarzuela repiten que se trata de una decisión que depende únicamente de ella. En todo caso, Doña Cristina no ha dado muestras de querer dar un paso así. Desde un punto de vista estrictamente estratégico, tampoco parece el mejor movimiento para alguien pendiente de que un juez decida si la procesa o no.

La hija del Rey de España hace historia con su declaración mañana ante el juez

PALMA DE MALLORCA/BARCELONA.- La infanta Cristina, segunda hija de los reyes de España, responderá mañana sábado ante la justicia por un presunto delito fraude fiscal y blanqueo de capitales, en un caso de corrupción que ha situado a la monarquía en uno de sus momentos más difíciles desde su restauración hace casi cuarenta años.

Cristina de Borbón, el primer miembro de la Casa Real que se sentará en el banquillo, declara por su participación a medias con su marido, Iñaki Urdangarin, en la sociedad Aizoon, a la que se sospecha que el yerno del Rey desvió parte de los fondos públicos con los que supuestamente se enriqueció de forma ilícita.
El acontecimiento, que ha llevado a más de 350 periodistas de 100 medios de comunicación a Palma de Mallorca - la misma ciudad que dio nombre al título de duques de la pareja al casarse - simboliza el alcance de los casos de corrupción surgidos al calor de la burbuja inmobiliaria en España, que han indignado a unos ciudadanos ahogados por cinco años de crisis económica.
"Este es un país en el que la corrupción sale gratis, no caen responsabilidades", dijo María Gomila, una estudiante de 18 años, cerca de la sede de los juzgados, ante la cual unas decenas de funcionarios protestaban contra los recortes públicos y pidiendo luchar "contra la corrupción institucional".
La Casa Real ha tratado de distanciarse de la pareja, que no interviene en actos públicos desde octubre de 2011, pero el goteo de las revelaciones en una instrucción judicial que ya dura más de tres años y el accidente sufrido por el Rey en una cacería en Botsuana en 2012 - tras el cual ha sido operado en varias ocasiones de ambas caderas - han perjudicado notablemente la imagen de la institución.
La popularidad del Rey - muy apreciado durante décadas por su papel en la transición a la democracia - se encuentra en mínimos, y una mayoría de españoles, según los sondeos, quiere que abdique en su hijo el príncipe Felipe, una posibilidad descartada por la Casa Real.El juez José Castro va a ver culminado su intento de interrogar a la infanta, que inició en abril de 2012 con una primera imputación rechazada posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma, en un trámite que, recuerda, "se cuenta por miles en el quehacer judicial de España (...) sin que a nadie se escandalice".
Y es que la imputación de la infanta de 48 años, séptima en la línea de sucesión al trono, solo está apoyada por la acusación popular del grupo anticorrupción Manos Limpias y ha sido rechazada por la fiscalía, que ha acusado al juez de apoyarse en una "teoría conspiratoria" para tomar su decisión.
En su auto de imputación, de 227 páginas, Castro afirmó que "no debería parecer tan complicado entender, o quizás explicar, que cuando menos - y se ha de insistir en el paroxismo que de momento es sólo eso lo que se pretende - se ha de brindar a Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia la oportunidad de facilitar explicaciones".
El magistrado considera que Aizoon fue una de las sociedades pantalla utilizada por el Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro presidida por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres pero que habría malversado fondos públicos por hasta seis millones de euros.
La infanta, como partícipe de la sociedad a medias con su marido, se benefició de "los fondos ilícitamente ingresados" en Aizoon y pagó menos impuestos a Hacienda al cargar gastos personales a la sociedad, señala el juez instructor.Sobre Castro, de 66 años, que ya se atrevió a investigar al expresidente de Baleares, Jaume Matas, condenado por corrupción, es difícil encontrar críticas.
"Es un tío muy recto, lo ha demostrado en varios casos", dijo Josefina Blanco, de 52 años, una abogada que trabaja en los tribunales. "Es muy honesto, trabajador, justo".
El momento más simbólico del descenso a la realidad para la infanta - que lleva días preparando su declaración con sus abogados en Barcelona - vendrá con la entrada en el juzgado, que se hace por una rampa de 30 metros que recorrió ya su marido en dos ocasiones, Torres y los demás imputados, pero para el que ella ha recibido permiso para hacerlo en coche por motivos de seguridad.
Salvo que voluntariamente decida hacer el recorrido a pie ante decenas de cámaras y fotógrafos, es difícil que vaya a haber imágenes del momento, puesto que la declaración se grabará solo en audio y se requisarán los móviles, tabletas y otros dispositivos de los abogados a la entrada.
Las autoridades han establecido un amplio dispositivo policial, con unos 200 agentes y cortes de tráfico en las calles colindantes, ante la perspectiva de protestas con ocasión de la declaración de la infanta, que el año pasado trasladó su domicilio a Suiza en un intento de huir de la atención de los medios.
La declaración podría poner fin a la instrucción del caso Nóos, aunque el juez aún tiene que responder a una petición de Manos Limpias para extender la investigación a los fondos que la candidatura olímpica de Madrid 2016 pagó a otra empresa de Urdangarin.
A partir de ahí, elaborará un auto de procedimiento abreviado en el que incluirá a las personas que cree deben ser procesadas y que puede ser recurrido por las partes, y posteriormente, el auto definitivo de apertura de juicio oral, para el que no hay fecha.


Los abogados vuelan hacia Palma

Los abogados defensores de la infanta Cristina, Jesús María Silva y Miquel Roca Junyent, han tomado esta tarde un vuelo de Barcelona a Palma de Mallorca confiados en que "todo saldrá muy bien" mañana en la declaración ante el juez del caso Nóos, José Castro.
Poco antes de salir de su despacho hacia el aeropuerto de El Prat, Jesús María Silva ha declarado a los periodistas que la infanta se encuentra "bien, tranquila, serena y muy bien preparada" para declarar ante Castro, que la ha imputado por los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero.
"Estoy convencido de que va a salir todo muy bien", ha dicho el letrado, que se ha mostrado satisfecho con la decisión del juez de que la declaración judicial de la infanta no se grabe en vídeo y sólo se registre en audio porque "es lo que nosotros pedimos, y me parece muy bien -ha dicho-".
Preguntado sobre si la infanta mañana bajará la rampa de acceso al juzgado de Palma andando o en coche, Silva ha dicho que no lo sabe pero que cree que "no va a depender de ella", aunque él le recomendaría que escogiera "la solución más segura para ella y para todos".
Silva no ha revelado si la infanta ha viajado, viajará hoy a Palma o lo hará a primera hora de mañana, después de que durante toda la mañana de hoy ha estado reunida con sus letrados en el bufete de Roca Junyent preparando su declaración.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, interrogará como imputada a la infanta Cristina para que aclare si participó en delitos de fraude fiscal como copropietaria de la sociedad Aizoon, y si blanqueó mediante gastos privados fondos públicos obtenidos de forma ilícita por su marido, Iñaki Urdangarin.
Tras esta comparecencia, el abogado Miquel Roca Junyent ha anunciado que atenderá a los periodistas en Palma para explicarles cómo ha transcurrido la declaración de la infanta.