MADRID.- Cuando el sábado la infanta Cristina comparezca ante
el juez tras ser imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales,
será la mayor victoria hasta ahora del paladín anticorrupción Miguel
Bernad, un abogado que ha perseguido a banqueros, políticos y ahora a la
familia real.
Desde una oficina con una habitación en Madrid, el grupo Manos
Limpias que encabeza Bernad - una agrupación informal de abogados - ha
librado una guerra muy personal contra la corrupción, obligando a los
jueces a investigar casos delicados políticamente que de otro modo
hubieran caído en el olvido.
Exfuncionario en el ayuntamiento de Madrid - y en el pasado miembro
del partido político de ultraderecha Frente Nacional -, Bernad usa un
instrumento legal único en el mundo conocido como "acusación popular"
para entablar querellas contra terceras partes.
Los jueces pueden optar por admitirlas a trámite o no, y no todas
las acusaciones de Manos limpias han conducido a una investigación
judicial.
Pero muchas sí han prosperado, y el grupo se ha vuelto clave para
perseguir casos de corrupción de alto nivel que afectan a políticos,
sindicatos y a responsables de los grandes bancos intervenidos, donde la
Fiscalía ha actuado con lentitud o no ha presentado cargos.
Impulsando casos de este tipo, Bernad ha espoleado la lucha contra
la corrupción en España, que a menudo ha quedado atascada en el sistema
judicial del país.
Mientras el país trata de salir de una profunda crisis económica,
los sondeos de opinión muestran que la corrupción es de las principales
preocupaciones de los españoles. La corrupción que estuvo detrás del
desarrollo urbanístico ayudó a inflar los precios inmobiliarios y el
gasto público, llevando finalmente a que España cayera en una crisis
fiscal.
Las acusaciones de Manos Limpias contra la infanta Cristina, la hija
menor del rey Juan Carlos, han llevado a la primera e histórica
imputación de un miembro de la familia real.
Al acusar a la infanta, Bernad ha chocado con el ministerio público,
que se negó a seguir con el caso, argumentando que no había pruebas
para incriminarla.
El juez de instrucción José Castro rechazó las objeciones de la
fiscalía e imputó a la duquesa de Palma basándose en los datos de su
propia investigación y en los de Manos Limpias.
"Esto va a marcar un antes y un después... Si se le condena, porque
se puede demostrar que ha habido delitos, sería un ejemplo para Europa y
para el mundo de que nadie está por encima de la ley", dijo Bernad en una entrevista.
La infanta, de 48 años, afronta cargos de fraude fiscal y blanqueo
de dinero a través de una compañía pantalla que compartía al 50 por
ciento con su marido, Iñaki Urdangarin.
El duque de Palma está imputado por varias acusaciones de corrupción
por haberse enriquecido ilícitamente al hacerse supuestamente con unos seis
millones de euros de dinero público que cobraba a los gobiernos
autonómicos por organizar conferencias sobre deporte y negocio.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, hay 1.661 casos
de corrupción y delitos financieros que están siendo investigados en
España. Esa cifra muestra que el país está avanzando en la lucha contra
la corrupción, dijo la Comisión Europea en su informe sobre la
corrupción en 2014.
Sin embargo, el informe difundido a principios de esta semana
advirtió de que estos casos tardaban mucho en ser investigados. Varios
procesos destacados han tardado más de una década en llegar a juicio, e
incluso más en tener una sentencia.
Expertos legales españoles dicen que la Fiscalía no es lo
suficientemente independiente y no ha lanzado investigaciones en algunos
casos, dejando a movimientos como el de Bernad llenando el vacío.
"Cuando el fiscal es consciente de que podría perjudicar su
trayectoria no investiga. La acusación popular es el último recurso para
abrir una investigación", dijo Andrés Herzog, abogado y político de
Unión Progreso y Democracia (UPyD), que ha impulsado querellas de este
tipo contra los banqueros acusados de vender fraudulentamente a
particulares un complejo instrumento financiero conocido como
participaciones preferentes.
Bernad dijo que se sentía frustrado por la falta de acción contra la
corrupción que había visto en el ayuntamiento de Madrid y por eso formó
su asociación en 1995, inspirado por una investigación por corrupción a
nivel nacional en Italia conocida como Mani Pulite, Manos Limpias en
italiano.
Bernad dice que unos 32 abogados trabajan de forma gratuita para la
organización en toda España, y unos miles de miembros contribuyen con
fondos, dando a la asociación un presupuesto anual de unos 50.000 euros.
Los medios españoles se refieren a Manos Limpias como un "sindicato
ultraderechista", pero Bernad dijo que era una descripción
malintencionada.
Su despacho está decorado con banderas españolas y él se describe
como conservador sin afiliación política. Afirma que sus ideas han
evolucionado desde que estuvo durante ocho meses en el partido
ultraderechista Frente Nacional, y niega que militara en Fuerza Nueva.
"No nos pueden acusar ni de derechas ni de izquierdas ni de centro
porque hemos presentado querellas contra la derecha, contra la
izquierda, contra los nacionalistas, contra todo el mundo, y contra
aquello que perjudica el interés público general", dijo.
Señala a una gran foto del rey Juan Carlos en la pared como prueba de que sus simpatías no contaminan sus batallas legales.
Al usar la acusación popular, Bernad ha recuperado una poderosa
herramienta recogida en la Constitución de 1978 como una garantía de
democracia. En el pasado, los abogados la usaron para conseguir las
condenas contra el ministro socialista del Interior José Barrionuevo y
los responsables oficiales que dirigieron los escuadrones de la muerte
de los GAL en los años 80 para combatir a ETA y a sus simpatizantes.
"Ha habido muchos casos en los que la acción popular ha sido
determinante para que hayan avanzado acusaciones en procedimientos
difíciles", dijo José Luis Galán, un abogado del caso GAL.
Los jueces pueden tener en cuenta investigaciones privadas que dan
lugar a tales acusaciones. Al presentar cargos preliminares contra la
infanta, Castro se refirió repetidamente a las acusaciones hechas por
Manos Limpias, así como a sus propias pesquisas.
En un auto de 200 páginas, Castro dijo que había pruebas de que
Cristina de Borbón había pagado docenas de objetos personales - desde
libros de Harry Potter a clases de baile - con fondos de la compañía
fantasma creada para lavar el dinero de la fundación sin ánimo de lucro
de Urdangarin, el instituto Nóos.
El juez ordenó que la infanta, que vive en Suiza, donde trabaja para
la fundación caritativa de La Caixa, que comparezca en los juzgados de
Palma de Mallorca.
Está previsto que pregunte sobre docenas de asuntos en una vista a
puerta cerrada en la que la infanta estará acompañada por su abogado,
que dice que demostrará que es inocente.
La imagen pública de la familia real ha caído a niveles jamás vistos en la democracia por el caso de corrupción.
Tras la comparecencia, Castro continuará su investigación y o presentará cargos para un juicio o retirará la acusación.
El propio juez ha dicho que puede no poder demostrar que la duquesa
de Palma evadió más de 120.000 euros al año en impuestos, en el umbral
entre delito y falta.
Pero como parte del caso, Manos Limpias tendría que estar de acuerdo
con una sentencia pactada en la que la acusada admitiera el delito y
reparara el daño.
"Veríamos; si devuelve el dinero y reconoce la culpa, nos plantearíamos la posibilidad de llegar a esto", dijo Bernad.