jueves, 6 de febrero de 2014

La imputación de la infanta Cristina, éxito de la cruzada de Manos Limpias

MADRID.- Cuando el sábado la infanta Cristina comparezca ante el juez tras ser imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales, será la mayor victoria hasta ahora del paladín anticorrupción Miguel Bernad, un abogado que ha perseguido a banqueros, políticos y ahora a la familia real.

Desde una oficina con una habitación en Madrid, el grupo Manos Limpias que encabeza Bernad - una agrupación informal de abogados - ha librado una guerra muy personal contra la corrupción, obligando a los jueces a investigar casos delicados políticamente que de otro modo hubieran caído en el olvido.
Exfuncionario en el ayuntamiento de Madrid - y en el pasado miembro del partido político de ultraderecha Frente Nacional -, Bernad usa un instrumento legal único en el mundo conocido como "acusación popular" para entablar querellas contra terceras partes.
Los jueces pueden optar por admitirlas a trámite o no, y no todas las acusaciones de Manos limpias han conducido a una investigación judicial.
Pero muchas sí han prosperado, y el grupo se ha vuelto clave para perseguir casos de corrupción de alto nivel que afectan a políticos, sindicatos y a responsables de los grandes bancos intervenidos, donde la Fiscalía ha actuado con lentitud o no ha presentado cargos.
Impulsando casos de este tipo, Bernad ha espoleado la lucha contra la corrupción en España, que a menudo ha quedado atascada en el sistema judicial del país.
Mientras el país trata de salir de una profunda crisis económica, los sondeos de opinión muestran que la corrupción es de las principales preocupaciones de los españoles. La corrupción que estuvo detrás del desarrollo urbanístico ayudó a inflar los precios inmobiliarios y el gasto público, llevando finalmente a que España cayera en una crisis fiscal.
Las acusaciones de Manos Limpias contra la infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos, han llevado a la primera e histórica imputación de un miembro de la familia real.
Al acusar a la infanta, Bernad ha chocado con el ministerio público, que se negó a seguir con el caso, argumentando que no había pruebas para incriminarla.
El juez de instrucción José Castro rechazó las objeciones de la fiscalía e imputó a la duquesa de Palma basándose en los datos de su propia investigación y en los de Manos Limpias.
"Esto va a marcar un antes y un después... Si se le condena, porque se puede demostrar que ha habido delitos, sería un ejemplo para Europa y para el mundo de que nadie está por encima de la ley", dijo Bernad en una entrevista.
La infanta, de 48 años, afronta cargos de fraude fiscal y blanqueo de dinero a través de una compañía pantalla que compartía al 50 por ciento con su marido, Iñaki Urdangarin.
El duque de Palma está imputado por varias acusaciones de corrupción por haberse enriquecido ilícitamente al hacerse supuestamente con unos seis millones de euros de dinero público que cobraba a los gobiernos autonómicos por organizar conferencias sobre deporte y negocio.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, hay 1.661 casos de corrupción y delitos financieros que están siendo investigados en España. Esa cifra muestra que el país está avanzando en la lucha contra la corrupción, dijo la Comisión Europea en su informe sobre la corrupción en 2014.
Sin embargo, el informe difundido a principios de esta semana advirtió de que estos casos tardaban mucho en ser investigados. Varios procesos destacados han tardado más de una década en llegar a juicio, e incluso más en tener una sentencia.
Expertos legales españoles dicen que la Fiscalía no es lo suficientemente independiente y no ha lanzado investigaciones en algunos casos, dejando a movimientos como el de Bernad llenando el vacío.
"Cuando el fiscal es consciente de que podría perjudicar su trayectoria no investiga. La acusación popular es el último recurso para abrir una investigación", dijo Andrés Herzog, abogado y político de Unión Progreso y Democracia (UPyD), que ha impulsado querellas de este tipo contra los banqueros acusados de vender fraudulentamente a particulares un complejo instrumento financiero conocido como participaciones preferentes.
Bernad dijo que se sentía frustrado por la falta de acción contra la corrupción que había visto en el ayuntamiento de Madrid y por eso formó su asociación en 1995, inspirado por una investigación por corrupción a nivel nacional en Italia conocida como Mani Pulite, Manos Limpias en italiano.
Bernad dice que unos 32 abogados trabajan de forma gratuita para la organización en toda España, y unos miles de miembros contribuyen con fondos, dando a la asociación un presupuesto anual de unos 50.000 euros.
Los medios españoles se refieren a Manos Limpias como un "sindicato ultraderechista", pero Bernad dijo que era una descripción malintencionada.
Su despacho está decorado con banderas españolas y él se describe como conservador sin afiliación política. Afirma que sus ideas han evolucionado desde que estuvo durante ocho meses en el partido ultraderechista Frente Nacional, y niega que militara en Fuerza Nueva.
"No nos pueden acusar ni de derechas ni de izquierdas ni de centro porque hemos presentado querellas contra la derecha, contra la izquierda, contra los nacionalistas, contra todo el mundo, y contra aquello que perjudica el interés público general", dijo.
Señala a una gran foto del rey Juan Carlos en la pared como prueba de que sus simpatías no contaminan sus batallas legales.
Al usar la acusación popular, Bernad ha recuperado una poderosa herramienta recogida en la Constitución de 1978 como una garantía de democracia. En el pasado, los abogados la usaron para conseguir las condenas contra el ministro socialista del Interior José Barrionuevo y los responsables oficiales que dirigieron los escuadrones de la muerte de los GAL en los años 80 para combatir a ETA y a sus simpatizantes.
"Ha habido muchos casos en los que la acción popular ha sido determinante para que hayan avanzado acusaciones en procedimientos difíciles", dijo José Luis Galán, un abogado del caso GAL.
Los jueces pueden tener en cuenta investigaciones privadas que dan lugar a tales acusaciones. Al presentar cargos preliminares contra la infanta, Castro se refirió repetidamente a las acusaciones hechas por Manos Limpias, así como a sus propias pesquisas.
En un auto de 200 páginas, Castro dijo que había pruebas de que Cristina de Borbón había pagado docenas de objetos personales - desde libros de Harry Potter a clases de baile - con fondos de la compañía fantasma creada para lavar el dinero de la fundación sin ánimo de lucro de Urdangarin, el instituto Nóos.
El juez ordenó que la infanta, que vive en Suiza, donde trabaja para la fundación caritativa de La Caixa, que comparezca en los juzgados de Palma de Mallorca.
Está previsto que pregunte sobre docenas de asuntos en una vista a puerta cerrada en la que la infanta estará acompañada por su abogado, que dice que demostrará que es inocente.
La imagen pública de la familia real ha caído a niveles jamás vistos en la democracia por el caso de corrupción.
Tras la comparecencia, Castro continuará su investigación y o presentará cargos para un juicio o retirará la acusación.
El propio juez ha dicho que puede no poder demostrar que la duquesa de Palma evadió más de 120.000 euros al año en impuestos, en el umbral entre delito y falta.
Pero como parte del caso, Manos Limpias tendría que estar de acuerdo con una sentencia pactada en la que la acusada admitiera el delito y reparara el daño.
"Veríamos; si devuelve el dinero y reconoce la culpa, nos plantearíamos la posibilidad de llegar a esto", dijo Bernad.

La hija del Rey ante la justicia: un terremoto para la monarquía española

PARÍS.- La infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, declara el sábado como imputada por fraude fiscal ante un juez de Baleares, que con su sorprendente convocatoria hizo temblar a la monarquía española.

En el despacho del juez José Castro, sentada frente al retrato de su padre Juan Carlos, colgado en la pared, la menor de las hijas del rey de España deberá explicar si pudo cooperar en los hechos que se imputan a su marido, Iñaki Urdangarin, antiguo medallista olímpico de balonmano, de 46 años, sospechoso de haber desviado fondos públicos.
El magistrado, tras meses de trabajo, emitió el 7 de enero un auto de 227 páginas en el que convocó a Cristina a declarar. Su imputación cayó como una bomba: muy protegida durante mucho tiempo, ahora cercada por los escándalos, la monarquía española está descubriendo que ya no es intocable.
A sus 76 años, tras 38 de reinado, Juan Carlos ofrece la imagen de un rey cansado, a menudo apoyado en unas muletas tras varias operaciones de cadera. El catastrófico deterioro de su imagen se inició hace dos años con el 'caso Urdangarin' y se agravó con una costosa escapada real a Bosuana para cazar elefantes en 2012, que sorprendió en una España golpeada por la crisis.
Las disculpas presentadas entonces al país y el alejamiento de Cristina y su esposo de las actividades oficiales de la Familia Real han conseguido encauzar el problema y ya no es tabú hablar de una eventual abdicación en favor del príncipe Felipe, que encarna a sus 46 años la esperanza de la monarquía.
A lo largo de los meses, la investigación ha ido cerrando el círculo en torno a Cristina, mientras la Casa Real, empantanada en el escándalo, admite querer acabar cuanto antes con lo que su jefe, Rafael Spottorno, calificaba públicamente de "martirio".
El 'caso Noos', la empresa que presidía Urdangarin, "ha sido un problema enorme para la monarquía desde el principio. Lo que ocurre es que al centrarse en la figura de la infanta, el daño se incrementa", por ser la primera vez que un miembro de la familia real "tiene que dar cuentas ante la justicia", explica Ana Romero, corresponsal del diario El Mundo en la Casa Real.
 "El hecho de que fuera desimputada o que la (primera) imputación no siguiera su curso porque fue parada por el fiscal provocó en los españoles un rechazo generalizado", añade.
En efecto, en la primavera de 2013 una primera imputación había sido anulada a petición de la fiscalía. El juez se orientó entonces hacia unas sospechas de fraude fiscal y blanqueo, que la infanta habría cometido a través de Aizoon, una sociedad en la que tiene el 50% de participaciones con su esposo.
Un detallado inventario de gastos
Aizoon podría haber sido una de las empresas pantalla usadas para el desvío de 6,1 millones de euros, del que es sospechoso Urdangarin, junto con un socio, vía la fundación Noos, una empresa sin ánimo de lucro que presidió entre 2004 y 2006. Cristina formaba parte de su dirección.
 "Los delitos contra la Hacienda que se imputan a Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa", escribió el juez Castro, pero para la fiscalía "es imposible, dada la cuantía de los gastos personales, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros", a partir del cual se considera delito en España.
Examinada en profundidad por el magistrado, la contabilidad de Aizoon deja a la vista desde 2004 gastos dedicados a la renovación de la residencia familiar por 436.703,87 euros, o de orden privado por 262.120,87 euros, que no habrían sido declaradas.
El juez hace un detallado inventario de los gastos personales facturados a Aizoon, algunos anecdóticos, como una "factura de julio de 2009 por la compra de una vajilla (...) por importe de 1.741,55 euros, (...) y de cuya conexión con las actividades de Aizoon SL que fue quien la abonó y recepcionó (...) no resultará fácil convencer". O también "un curso de baile de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar" y la "contratación de un 'cocktail' para 81 personas (...) al parecer para celebrar el nacimiento de una de las hijas del matrimonio"... Estas fiestas tuvieron lugar en el Palacete de Pedralbes, comprado por Cristina y su esposo en 2004 en el mejor barrio de Barcelona y puesto a la venta por 9,8 millones de euros.
La declaración de la infanta debería constituir el último episodio de la instrucción abierta en 2010: el juez Castro podrá decidir entonces si el 'caso Noos' desemboca en juicio oral o no.

El abogado de la infanta dice que "ella es inocente y lo va a ver toda España"

BARCELONA/PALMA.- El abogado de la infanta Cristina, el catedrático de Derecho Penal Jesús María Silva, ha asegurado hoy que "ella es inocente, lo dice ella, lo creo yo, y, tan pronto como lo explique, lo va a ver toda España".

En declaraciones a los periodistas, Silva ha reconocido que ayer se reunió con la infanta, y que también lo hará hoy y mañana, para preparar la declaración de doña Cristina ante el juez de Palma de Mallorca que instruye el caso Nóos prevista para el próximo sábado.
Según su letrado, la infanta, que está imputada por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, "está bien, está serena y consciente de que (su declaración) es un trámite importante".
Preguntado sobre si la infanta responderá a las preguntas de todas las partes personadas o sólo a las que le formulen el juez y el fiscal, el abogado ha señalado que "es una cuestión estratégica y ya se decidirá en su momento".
El catedrático de Derecho Penal ha explicado que el proceso penal es "nuevo" para la infanta y que, como a muchos de sus clientes, "se les tiene que explicar cómo funciona, es una cuestión de situarse en el contexto".
Aunque no ha revelado dónde y cómo están preparando su declaración, el letrado ha dicho que "hay muchos métodos de preparación de declaraciones de testigos y de imputados".
Sobre la nueva investigación que ha abierto la Agencia Tributaria sobre Aizoon, la sociedad de los Duques de Palma, para verificar si esta empresa ha cumplido todas sus obligaciones fiscales desde 2009, el abogado ha explicado que sólo conocía lo que ha publicado la prensa.
"Esta investigación creo sinceramente que obedece a que el ejercicio de 2009 puede estar a punto de prescribir en junio de 2014, es de trámite, creo que responde a la entrada en plan de los ejercicios de determinadas sociedades", ha opinado el abogado.
Jesús María Silva ha puntualizado que en todo caso se trata de "una inspección administrativa de la Agencia Tributaria, está en vía administrativa y no tiene nada que ver con la vía penal".
La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, están alojados desde esta semana en un aparthotel de la zona alta de Barcelona, donde muchos medios de comunicación hacen guardia para intentar captar su imagen.
La infanta, que es la directora del área internacional de la Fundación La Caixa, acudió ayer a trabajar a su despacho en la sede central de esta entidad bancaria, antes de reunirse con sus abogados.

Sólo responderá al juez, la Fiscalía y su defensa

La Infanta Cristina defenderá su actuación al frente del Instituto Nóos y de la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y lo hará respondiendo únicamente a las preguntas que le formulen el juez José Castro, la Fiscalía Anticorrupción y sus propios abogados, tal y como han señalado fuentes cercanas a su defensa.
Según han precisado las mismas fuentes, la hija del Rey don Juan Carlos, citada a declarar como imputada este sábado en el marco del caso Nóos, pondrá de manifiesto la plena confianza que tenía depositada en su esposo y que desconocía cualquier circunstancia relativa a una presunta trama de defraudación de fondos públicos a través del conglomerado empresarial al frente del cual se encontraban Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
En una comparecencia que previsiblemente se alargará hasta el mediodía, las preguntas con las que será interpelada la Duquesa de Palma prevén indagar en los pormenores de la gestión de Nóos y de Aizoon, principalmente en lo que se refiere a los ingresos que ésta obtuvo de forma presuntamente ilícita y en las cantidades que habría defraudado a Hacienda, con el objetivo de arrojar luz en torno a hasta qué punto la Infanta era conocedora de las mismas o las auspiciaba.
La encausada eludirá previsiblemente responder a las interpelaciones de las acusaciones populares y del resto de defensas que contemplan asistir a la comparecencia. En concreto, en la declaración estén presentes, por parte del Ministerio Público, el fiscal Pedro Horrach -quien, de no ir solo, estaría acompañado por su compañero Miguel Ángel Subirán-; la abogada del Estado, Dolores Ripoll; la de Manos Limpias, y varios de los letrados que representan a la treintena de imputados que hay en la causa.
Asimismo, el juez Castro estará acompañado en la declaración de la jueza de refuerzo de su juzgado, María Pascual, quien se encarga, desde que el magistrado está volcado en exclusiva en el caso Palma Arena, del resto de causas que se instruyen en el Juzgado de Instrucción nº 3, entre ellas la incoada a raíz la sociedad mallorquina Inversiones Grupo Miralles se querelló contra el empresario José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones por una presunta estafa de 13,9 millones de euros en el marco de la compraventa del hotel Eurocalas.
La declaración de Doña Cristina, quien en principio volará hasta Palma a primera hora del mismo sábado, conllevará asimismo el refuerzo de la seguridad de la zona con el despliegue de unos 90 agentes de la Policía Nacional -a quienes se sumarán dos Grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) formados cada uno por 50 agentes de antidisturbios desplazados desde Valencia-, que se encargarán de velar por que la jornada se desarrolle con normalidad y no se produzcan incidentes con motivo de la manifestación convocada en los aledaños de los Juzgados, según han informado fuentes policiales.
Asimismo, unos 30 policías locales se encargarán de cerrar las calles próximas, retirar los vehículos estacionados en las mismas y regular el tráfico de los alrededores. Más en concreto, desde aproximadamente las dos de la madrugada -del viernes al sábado- serán cerradas las calles Parellades -donde se ubica la parte trasera de los Juzgados y la rampa que da acceso a los mismos-, Jeroni Antich y Pere Dezcállar.
Mientras tanto, a partir de las 9.00 horas -una hora antes de la citación de la Infanta- será cortada Via Alemania -a la que da la puerta delantera del edificio judicial- a la altura de Barón de Pinopar y Pere Dezcállar.
Mientras tanto, hasta 90 medios de comunicación y más de 300 periodistas se han acreditado para dar cobertura a la declaración como imputada de la Infanta, lo que supone una treintena más de medios y un centenar más de informadores que en la primera comparecencia del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, llevada a cabo en febrero de 2012.
Entre quienes acudirán a la cita judicial se encuentran numerosas emisoras de radio y televisiones europeas -francesas, portuguesas, suizas y alemanas), así como CNN, Al Jazzera y la televisión iraní, además de agencias internacionales del corazón.

La infanta Cristina, una princesa en el ojo del huracán

MADRID.- Rubia y sonriente, casada con un medallista olímpico, madre de cuatro hijos, la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos I, ha dado siempre una imagen de princesa moderna, que sufre ahora un duro golpe con su convocación a comparecer el sábado ante un juez.

"Es una persona como todos los miembros de la Familia Real, cordial, educada, agradable, habla muy directa, normal", relata Ana Romero, corresponsal de El Mundo en la Casa Real.
Pero la imagen de Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, de 48 años, sufrió un duro golpe en enero cuando el juez José Castro de Palma de Mallorca, la imputó por fraude fiscal y blanqueo. El juez intenta dilucidar su eventual vinculación con los negocios de su esposo, Iñaki Urdangarin, sospechoso de malversación de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro.
Este desvío de fondos se habría llevado a cabo usando como pantalla a la empresa Aizóon, propiedad a partes iguales de la infanta y su esposo.
Cristina, que también fue vocal en la junta directiva de Nóos, ya había sido imputada una primera vez en abril, entonces por presunto tráfico de influencias, aunque la decisión fue anulada por un recurso de la fiscalía.
La imputación ha supuesto un duro golpe para la pareja, durante largo tiempo imagen de la familia perfecta, pero apartada de los actos oficiales de la Familia Real prácticamente desde que en diciembre de 2011 el juez Castro imputó a Urdangarin.
"Ha vivido en su mundo. Se ha sentido hasta hace poco intocable", explica Abel Hernández, escritor especialista de la Casa Real, quien recuerda que "hay que darse cuenta que esta gente vive con la misión, la institución, la casa, la Familia Real: les llaman para ir a actos oficiales? Y de pronto les cae esto encima y dicen '¿qué he hecho?'".
Cristina, nacida el 13 de junio de 1965 en Madrid y conocida como la hija rebelde de la familia, pero también por sus actividades sociales, trabaja desde 1993 para la Fundación La Caixa. Licenciada en Ciencias Políticas en 1989 por la Universidad Complutense de Madrid, es también una gran aficionada al deporte, especialmente a la vela. Conoció a Urdangarin en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, en los que éste ganó la medalla de bronce con la selección española de balonmano. Ella misma había sido abanderada del equipo olímpico español en los Juegos de Seúl-1988.
"Es enormemente competitiva y obstinada", aseguraba el escritor Andrew Morton, biógrafo de Lady Di, en el libro 'Ladies of Spain. Sofía, Elena, Cristina y Letizia: entre el deber y el amor', asegurando que fue Cristina quien tomó la iniciativa de cortejar a Urdangarin.
Contrajeron matrimonio el 4 de octubre de 1997, momento en que el Rey concedió el título de duquesa de Palma a su hija, séptima en la línea sucesoria detrás del príncipe Felipe y sus dos hijas, y de su hermana mayor, la infanta Elena y los dos hijos de ésta. La pareja tiene cuatro hijos, nacidos entre 1999 y 2005: Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene.
En 2009, la familia se mudó a Washington, donde Urdangarin fue nombrado consejero del gigante español de las telecomunicaciones Telefónica. Allí los sorprendió el 'escándalo Noos', a finales de 2011, y en agosto de 2012 la familia regresó a Barcelona, dando imagen de familia unida ante la adversidad, antes de trasladarse en 2013 a Ginebra, donde la infanta coordina las relaciones de la Fundación La Caixa con agencias internacionales.
Jesús María Silva, uno de los abogados de la Infanta, defiende su inocencia asegurando que es una persona que confía ciegamente en su marido: "Cuando una persona está enamorada de otra, confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea en esa persona". Pero según Ana Romero, "la mayoría de los españoles no cree que una mujer universitaria que tiene un alto cargo en una fundación bancaria (...) no supiera exactamente a qué se estaba dedicando su marido".

La Fiscalía pedirá 600.000 euros de responsabilidad civil a la infanta

PALMA DE MALLORCA.- La Fiscalía Anticorrupción solicitará que la infanta Cristina pague en torno a 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, la mitad de lo percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007.

Dicha petición quedará recogida en el escrito de acusación del caso Nóos que está preparando la Fiscalía Anticorrupción para cuando finalice la instrucción de esta causa, ya que la declaración de la infanta como imputada el próximo sábado podría ser una de las últimas diligencias que se practiquen, han informado fuentes jurídicas.
La infanta debería hacer frente a dicha responsabilidad civil pecuniaria en caso de que Urdangarin fuera condenado.
La Fiscalía considera que la infanta Cristina no cometió ningún delito penal, pero sí que tendría que responder pecuniariamente por haberse beneficiado como propietaria al 50 % de Aizoon con su marido Iñaki Urdangarin de los fondos públicos presuntamente desviados aunque no supiera de su origen ilícito, tal como determina el artículo 122 del Código Penal.
El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, abrió la puerta a reclamar dicha responsabilidad a doña Cristina en el escrito que dirigió al Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma el 14 de noviembre de 2013, en el que se oponía a la posibilidad de que fuera citada a declarar como imputada.
En ese escrito afirmaba que "no hay un solo elemento de prueba" que vincule a la infanta "con actividades delictivas propias o ajenas", pero puntualizaba: "Sin perjuicio de las responsabilidades civiles que, en su caso, puedan derivarse respecto de doña Cristina de Borbón al amparo de lo establecido en el artículo 122 del Código Penal (participación a título lucrativo)".
También el juez instructor, José Castro, adelantó la posibilidad de que, aunque quedara descartada la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de dinero, se podría considerar a la infanta "participante a título lucrativo" en los presuntos actos ilícitos de Urdangarin.
"Este precepto es totalmente aséptico de cualquier elemento intencional y solo requiere el dato objetivo de haberse lucrado de los efectos de un delito o falta", recordaba Castro en el auto de imputación de la infanta del pasado 7 de enero.
El instructor planteaba esta hipótesis para defender que, si cabe la posibilidad de pedir a doña Cristina que devolviera el dinero presuntamente ilícito del que se lucró, es preciso "brindar a tal persona la posibilidad de escuchar su versión".
La infanta está citada a declarar como imputada este sábado en los Juzgados de Palma a partir de las 10.00 horas.
Con tal propósito, la Policía Local ya ha situado varias señales de prohibición de aparcar en las calles aledañas a los Juzgados, como medida preventiva de seguridad para esta declaración.
Mientras tanto, operarios de las dependencias judiciales acondicionaban hoy la sala donde prestará declaración doña Cristina.
Más de 300 periodistas de 90 medios de comunicación se han acreditado para informar de la comparecencia de la infanta que se producirá cuando ya han transcurrido tres años y medio desde que comenzara la investigación de este caso.