jueves, 2 de enero de 2014

Castro decidirá en días sobre la imputación de la Infanta Cristina

MADRID.- El juez José Castro tiene previsto comunicar a partir de la próxima semana, tras la fiesta de Reyes, su decisión sobre si imputa o no a la Infanta Cristina en el "caso Nóos" por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, una decisión que de producirse vendría avalada únicamente por la acusación popular, ejercida por Manos Limpias. 

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se oponen a este extremo al considerar que los indicios que pesan sobre la hija del Rey son meras conjeturas y sospechas sin fundamento penal.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca solicitó a todas las partes en la causa que se pronunciaran sobre la posible citación de la Infanta en calidad de imputada y recibió los informes correspondientes antes de tomar un descanso navideño, que ha tomado entre el pasado 18 de diciembre y hasta fin de año. No obstante, fuentes cercanas a su entorno apuntaron que su decisión sobre este asunto no se dará a conocer hasta después de Reyes.
Cabe recordar que el pasado mes de mayo la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma dejó sin efecto una primera decisión de Castro de imputar a Cristina de Borbón, por lo que nunca llegó a recorrer la popular cuesta de entrada a los juzgados de Palma como sí ha hecho su esposo, Iñaki Urdangarín, y el resto de imputados en el "caso Nóos".
Únicamente la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, solicita la imputación de la Infanta. En su informe, el sindicato de funcionarios asevera que la Duquesa de Palma sabía "perfectamente" de las posibles ilegalidades que se cometieron a través del Instituto Nóos con los fondos que éste percibió de las Administraciones valenciana y balear, pese a lo cual, en lugar de "tomar precauciones, siguió disfrutando" del dinero que, desde Nóos, acabó canalizándose a las cuentas de Aizoon, la sociedad que comparte con Iñaki Urdangarin.
La citación de Cristina de Borbón no es defendida por el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, que presentó un extenso escrito ante el juez José Castro en el que recalca que no pretende "ni por asomo" la imputación de la Infanta Cristina, si bien aboga por que ésta pueda dar su versión de los hechos como ha sucedido con otros encausados y pueda respetarse, de este modo, "el principio de igualdad que proclama la Constitución Española en su artículo 14".
Esta parte también señala en su escrito cómo alguno de los documentos aportados a la causa "ponía de manifiesto que el suegro de Urdangarin estaba al caso e intervenía", si bien considera "una lástima que sea inviable preguntar" al Rey "sobre el particular", debido a que "la vigente Carta Magna establece una excepción al principio de igualdad" que alcanza al Monarca por cuanto, según el artículo 56, "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
Pese a oponerse a la imputación, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach deja las puertas abiertas a que la hija del Rey Don Juan Carlos pueda ser condenada al pago de las responsabilidades civiles derivadas de haberse lucrado presuntamente de los fondos ilícitos recibidos por Aizoon, mercantil propiedad de los Duques que recibió ingentes cantidades del entramado Nóos --abastecido a su vez con los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana--.
El fiscal, que presentó un primer escrito antes de ser emplazado por el juez y un segundo documento tras la petición de Castro, defiende en ambos la inexistencia absoluta de indicios de criminalidad por parte de la mujer de Urdangarin, a pesar de que las pesquisas apuntan a que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible conocimiento del origen delictivo de los fondos por parte de la Infanta.
Por su parte, la defensa de la Infanta, que también fue emplazada a presentar sus escrito, señaló que una hipotética imputación de la hija del Rey tendría lugar "sólo por ser Doña Cristina quien es y no por la existencia de indicios objetivos" de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Considera la defensa de Cristina de Borbón que "no está ni mucho menos aclarado" que haya indicios de fraude en el Impuesto de Sociedades por parte de Aizoon, y se remiten a un informe de la Agencia Tributaria del 14 de noviembre que concluye que las cantidades dejadas de ingresar por la mercantil en los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 en concepto de este impuesto en ningún caso superarían los 120.000 euros por ejercicio, requisito imprescindible para un delito fiscal.
Sobre una eventual "cooperación omisiva" respecto a Urdangarin, los abogados defienden que en ningún caso puede imputarse a un socio responsabilidad penal por no vigilar al administrador de una sociedad ni exigir informes o aclaraciones cuando no hay ningún tipo de conflictividad.
Respecto del posible blanqueo de capitales anterior a marzo de 2006, cuando la Infanta se desvinculó del Instituto Nóos, sus abogados resaltan el absoluto desconocimiento de Cristina de Borbón "acerca de las actividades supuestamente ilícitas que se desarrollaban en Nóos" y, por tanto, de que el dinero que el instituto transfirió a Aizoon pudieran tener un origen delictivo.

‘El Príncipe’ va a remolque / Pablo Sebastián

‘Es más seguro ser temido que ser amado’, escribió Maquiavelo ahora hace 500 años en su tratado político sobre ‘El Príncipe’. Pues bien, no parece ser este el caso de Rajoy en los albores del incierto año de 2014 porque nuestro presidente del Gobierno, ni una cosa ni la otra. Ni temido ni amado, y por lo tanto sin liderazgo y no respetado ni siquiera por los de su partido, los suyos, donde con frecuencia se atisban rebeliones de sus virreyes y barones nacionales y regionales, como se aprecia en Madrid, Mérida, Palma, Valencia, etc, desde Aznar a Monago. Quien no manda en su casa difícilmente puede mandar en la nación española, tan diversa y tan compleja.

Y por ello nos vemos en la necesidad de declarar nuestro asombro ante la iniciativa del ministro de Exteriores (aunque mejor convendría llamarlo ‘De la Guerra’), García-Margallo,  quien ha distribuido entre sus embajadores un memorándum para replicar y hacer frente a la ofensiva internacional de la Generalitat de Cataluña en favor de su independencia. Por lo que, otra vez, la ausencia y la parsimonia de Rajoy nos obliga a ir a remolque de las iniciativas independentistas, dejando a España en la pésima situación de tener que dar explicaciones en lugar de órdenes, que es lo que haría ‘el Príncipe’ para ser más temido que amado, y marcar el terreno de su autoridad personal y de su poder institucional.

Y de paso para cumplir con la Constitución y la ley, que Rajoy prometió cumplir y no cumple, cuando no la aplica con firmeza a quienes desde el poder institucional de Cataluña se saltan a diario la legalidad. Si Rajoy ha sido incapaz de hacer cumplir en territorio catalán las sentencias de los tribunales Constitucional y Supremo sobre la enseñanza del castellano y en castellano, ¿cómo se atreverá este presidente a impedir que la Generalitat malverse el dinero público de los ciudadanos españoles para promover la independencia de Cataluña y romper la imagen y la unidad de España?

¿Dónde está ese fiscal del Estado tan activo para salvar los banqueros y las infantas y tan ausente en la corrupción y la defensa del Imperio de la Ley? Pues Torres Dulce está agazapado bajo la mesa del ministro Gallardón, quien a su vez campa a sus anchas en la ausencia permanente de Rajoy. El que deja tras de sí un enorme vacío político que nadie ocupa en el palacio de la Moncloa, porque la vicepresidenta Sáenz de Santamaría no está a la altura política, ni por experiencia ni por convicción democrática, del problema España, y se limita a la función coordinadora de la Administración que tampoco se atreve ni logra reformar.

Rajoy no tiene solución, y su pretendida leyenda de astucia y galleguismo se empieza a desmoronar, incluso entre los dirigentes de su propio partido que dicen: ‘no es el hombre apropiado para afrontar la crisis general de España’. Aunque él, entré atemorizado y algo esperanzado, cree que la mejora de la economía que esperan que se vislumbré en este año de 2014 se convertirá en el bálsamo que ha de curar todos nuestros males y aquí incluido el desafío catalán. Su ministro Luis de Guindos acaba de anunciar buenas cifras para la recuperación del empleo, aunque mejor sería que los gobernantes empezaran por recuperar ‘la dignidad nacional’.

Cree Rajoy que Mas se cansará antes que él en su viaje por el borde del precipicio de la legalidad y que caerá o desistirá, como le ocurrió a Ibarretxe. Y puede que algo de razón tenga Rajoy pero, en este curso político y electoral (en junio habrás comicios europeos), puede que los ciudadanos les pasen a ambos una doble factura y que se atisbe en el horizonte la futura caída política de los dos: Rajoy y Mas. Y ambos por su falta de responsabilidad política y social. ‘El Príncipe de la Moncloa’ no está a la altura de las enseñanzas de Maquiavelo, quien también dijo: ‘El que ayuda a otro a hacerse poderoso causa su propia ruina’. Y eso es lo que Rajoy está haciendo con Mas, por su continua ausencia del debate nacional. Como convendría recordarle a Mas otra sentencia del politólogo medieval: ‘A veces lo que parece virtud es causa de ruina’. Y no sólo ruina política o moral, sino ruina económica, que es a lo único que teme el nacionalismo independentista catalán, y lo que se van a encontrar si siguen como van.