BARCELONA.- El abogado de la Infanta Cristina Miquel Roca
ha anunciado este lunes que recurrirán la decisión judicial por la cual
ella es una de las imputadas del caso Nóos que finalmente irá a juicio,
porque el auto "viene a contradecir una doctrina muy establecida y
consolidada".
Lo ha dicho en declaraciones a la puerta de su despacho, después de que el juez José Castro haya decidido sentarla en el banquillo,
no aplicando así la 'doctrina Botín', que impide juzgar a alguien si
sólo le acusa quien ejerce la acción popular --en este caso Manos
Limpias, que pide ocho años de cárcel para la hermana del Rey--.
Según
Miquel Roca, la resolución judicial contradice una doctrina
consolidada, "hasta el punto de que el juez, para fundamentar su
acusación, tiene que acogerse a los votos particulares que no resultaron
ganadores".
Ha justificado el inminente recurso afirmando que el
auto judicial hecho público este mismo lunes no constata es para una
resolución de juicio oral simple, "sino que resuelve cuestiones de
legitimación sobre si la acusación popular está legitimada para instar
un procedimiento y una acusación de esta naturaleza", cuando ni el
ministerio fiscal ni la abogacía del Estado sostienen ningún tipo de
acusación contra la Infanta, ha dicho.
Roca ha añadido que no sabe
aún el plazo exacto que tiene la defensa para presentar recurso, pero
cree que expirará el 2 de enero.
"No pedimos trato de favor"
"Sólo pedimos que se aplique la ley y se respete la doctrina jurisprudencial; no pedimos ningún trato de favor", ha aseverado.
Al
preguntársele si cree que la Infanta debe renunciar a sus derechos
dinásticos, se ha limitado a contestar: "No es un tema que haya sido
confiado a nuestra defensa".
Está "especialmente afectada"
Sobre
el estado de ánimo de la hermana del Rey, ha afirmado que se encuentra
"especialmente afectada" tras recibir con sorpresa la noticia.
Preguntado sobre la fianza de 2,6 millones de euros exigida a la Infanta, Roca ha asegurado que no será efectiva en los próximos días porque "no es el momento de tratar estas cuestiones".
El
titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Palma ha acordado sentarla en
el banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de dos delitos
fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su
marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a
través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.
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