lunes, 23 de diciembre de 2013

El juez entiende que familiares de Letizia Ortiz podrían haber cometido un delito de alzamiento de bienes

OVIEDO.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Cangas de Onís ha dictado un auto donde convierte las diligencias previas contra la familia de la Princesa de Asturias en un procedimiento abreviado. Según ha informado el TSJA el juez cree que la abuela de Letizia Ortiz, María del Carmen Álvarez Valle, su padre Jesús Ortiz y su tía Henar Ortiz podrían haber cometido un delito de alzamiento de bienes.

Así, ahora se abre un periodo de diez días para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas en la causa soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.
En fecha 22 de febrero de 2012, el Ministerio Fiscal formuló denuncia contra María del Henar Ortiz Álvarez, Jesús Ortiz Álvarez y María del Carmen Álvarez del Valle, como consecuencia de las relaciones comerciales habidas entre Sandra María Ruiz Vázquez y la mercantil 'Henarmonía, S.C.', de la que era administradora María del Henar Ortiz Álvarez, según el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Se generó una deuda de 22.600,73 euros que la acreedora, Sandra María, reclamó por vía ejecutiva en el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Oviedo que, en fecha 22 de marzo de 2009, dictó auto acordando el despacho de ejecución contra 'Henarmonía, S.C.' y María del Henar Ortiz Álvarez por la cantidad de 22.600,73 euros en concepto de principal y 6.780,21, calculados para intereses y costas.
Siguiendo los trámites propios del referido procedimiento de ejecución, la ejecutada fue requerida para que designara bienes bastantes sobre los que trabar embargo e igualmente requerida para que manifestase si había procedido a la división y adjudicación de la herencia de su difunto padre.
La ejecutada presentó escritura notarial de fecha 14 de mayo de 2009, otorgada ante el Notario de Ribadesella, en virtud de la cual los herederos, (María del Carmen Álvarez del Valle, e hijos, María del Henar y Jesús Ortiz Álvarez), aceptaban la herencia y decidían adjudicar a la viuda el pleno dominio del único bien dejado por el causante a su fallecimiento (la finca registral 34.078, sita en términos de Sardeu e inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís), sin que los hijos tuvieran nada que reclamar por razón de la herencia de su padre.
Asimismo y en fecha 17 de agosto de 2009, la adjudicataria del bien constituyó hipoteca a favor de la entidad 'Caja de Ahorros de Galicia', en garantía del saldo de la cuenta corriente de crédito que dicha entidad aperturó.
En la denuncia formulada se refiere finalmente que en el mes de febrero de 2009, la acreedora, Sandra María Ruiz Vázquez, formuló demanda contra María del Henar y Jesús Ortiz en reclamación de 5.200,12 euros dando lugar al procedimiento seguido en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo que, en fecha 7 de marzo de 2011, dictó sentencia estimatoria de la demanda condenando solidariamente a los demandados al abono de la cantidad reclamada, por lo que según la denuncia, Jesús Ortiz Álvarez, "tenía un interés propio en la comisión del alzamiento".

UPyD propone en el Congreso suprimir el privilegio de no declarar ante la Justicia de los Reyes y los Príncipes

MADRID.- El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que la da al Gobierno un plazo de tres meses para aprobar medidas legislativas tendentes a suprimir el "privilegio" de no tener que testificar ante la Justicia del que gozan los Reyes y el Príncipe, así como el que permite declarar por escrito al resto de la Familia Real y a determinados cargos públicos.

   La formación que lidera Rosa Díez considera que el hecho de que determinadas personas, al ser citadas como testigo, queden "exentas de declarar o de hacerlo en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos", es "claramente contrario al principio de igualdad ante la ley" contenido en el artículo 14 de la Constitución española, así como al "deber de colaborar con la Justicia" que rige para todas las personas que viven en España, con independencia de su nacionalidad.
   En su iniciativa UPyD recuerda que el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que todos los residentes en territorio español "que no estén impedidos", tienen la obligación de "concurrir al llamamiento judicial" para testificar y de hacerlo para "declarar cuanto supieren de lo que les fuere preguntado".
   "Sin embargo, ciertas personas están por Ley exentas de ambas obligaciones o exclusivamente de concurrir ante el juez en razón del cargo público que ocupan o han ocupado", apuntan. De hecho, señalan que ya la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 eximió de la obligación de declarar a determinadas autoridades como el Rey, su consorte, el Príncipe Heredero y el Regente del Reino y permitió a otras autoridades declarar por escrito.
   Con la reforma de esa ley, en 1991, estos privilegios se ampliaron a más autoridades y cargos públicos. Desde entonces, están exentas de la obligación de comparecer al llamamiento del juez y de prestar declaración el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino. El resto de Familia Real, incluyendo las infantas Cristina y Elena, está exenta de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito.
   Tampoco tienen por qué declarar, en todos los casos los agentes diplomáticos acreditados en España, y en algunos, el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares.
   Una larga lista de autoridades tienen opción de informar al juez por escrito "sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo", algo que, según UPyD, "rompe con el principio de inmediación y puede poner en peligro el éxito de la investigación".
   Este es el caso del presidente y los demás miembros del Gobierno así como los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, los presidentes de comunidades autónomas y el fiscal general del Estado. Si se trata de otros hechos, se les podrá tomar declaración en su domicilio o despacho oficial. El mismo derecho pueden acogerse quienes hayan ocupado esos puestos en el pasado.
   Además, pueden prestar declaración en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros los diputados, los senadores, los magistrados del TC, los vocales del CGPJ, los fiscales de Sala del Supremo, el Defensor del Pueblo, las autoridades judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración, los presidentes de parlamentos autonómicos, el presidente y consejeros permanentes del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, los consejeros autonómicos, así como secretarios de Estado, subsecretarios y asimilados, los delegados del Gobierno y los delegados de Hacienda.
   Por todo ello, la formación que lidera Rosa Díez quiere que el Gobierno impulse en tres meses las reformas necesarias para eliminar "las exenciones de autoridades y cargos públicos a la obligación de testificar y concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley", salvo que concurran los requisitos exigidos en los tratados internacionales de los que España sea parte y sin perjuicio de la obligación de guardar secreto en los casos legalmente previstos.

TV3 no emitirá el discurso del Rey al convocar una huelga

MADRID.- Los españoles podrán ver y oír este martes por la noche al Rey a través de teléfonos móviles, tabletas o cualquier pantalla o televisor conectados a Internet, donde podrán seguir el mensaje de Navidad del jefe del Estado, que será además emitido por el Canal 24 Horas de TVE con traducción al lenguaje de signos.

Según han informado fuentes de la Casa del Rey, los internautas podrán ver la tradicional alocución de Nochebuena de don Juan Carlos a través del canal de YouTube "CasaRealTV", creado hace un año con la colaboración de la Agencia EFE, que lo emitirá en "streaming" a partir de las 21.00 horas en alta definición (HD) y al que podrán acceder también desde la web www.casareal.es.
En la web oficial de la Casa del Rey estará disponible además, tras la emisión, tanto la grabación en vídeo y el archivo de audio como el texto del mensaje, traducido al euskera, el gallego y el catalán y valenciano, así como al inglés.
Al igual que en los últimos dos años, el Canal 24 Horas de TVE emitirá la alocución con traducción al lenguaje de signos para las personas con discapacidad auditiva, una iniciativa que don Juan Carlos comunicó personalmente a los máximos representantes de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) en noviembre de 2011, antes de su puesta en marcha.
A diferencia de los últimos años, entre las cadenas de televisión que emitirán la alocución no figura la ETB vasca, que en la anterior Nochebuena incluso había acompañado la imagen con subtítulos que traducían el mensaje al euskera.
Por su parte, los trabajadores de TV3 han convocado un paro parcial mañana, día 24, de las 20.50 horas a las 21.20 horas, según han confirmado fuentes del comité de empresa de la televisión autonómica catalana, una huelga en una franja horaria que coincide con la emisión del mensaje del Rey.