miércoles, 5 de junio de 2013

Técnicos de Hacienda denuncian que la Agencia Tributaria "no coopera con el juez" sobre la infanta

MADRID.- El presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha denunciado hoy que la Agencia Tributaria no está cooperando con el juez José Castro --que está instruyendo el caso contra Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres--, ya que no ha entregado los informes "independientes" que les ha pedido el juzgado sobre la infanta Cristina, sino que lo que ha hecho ha sido recoger lo que dice la Abogacía del Estado. Además avisa de que estos informes de Hacienda no los firman ni los inspectores y técnicos asignados al caso y que además, se amparan en cuestiones formales para no aclarar lo que pide el juez.

   El presidente de Gestha asegura que realmente "no hay informe" de la Agencia Tributaria sobre la infanta Cristina porque lo que hace el Delegado Especial de Hacienda en Cataluña, Gonzalo David García de Castro, es "referirse o copiar el de la Abogacía del Estado".
  Por lo tanto, asegura que Hacienda no está ejerciendo sus funciones de "auxilio judicial". 
"No hay auxilio judicial", recalca en relación con el último informe que ha emitido la Agencia Tributaria sobre la infanta Cristina en respuesta a la petición del juez de que aclarara las "lagunas y contradicciones" de otro informe anterior, en relación con la posible intervención de la infanta Cristina en las presuntas irregularidades fiscales de Aizoon. 
En concreto, el juez Castro pedía, tal y como le había reclamado la Audiencia Provincial de Palma, que se aclarara si la Infanta pudo hacer uso de los fondos de Aizoon para la rehabilitación de su vivienda en Barcelona o para otras atenciones personales y familiares.
   Sin embargo, según explica Carlos Cruzado, el informe que ha emitido el Delegado Especial de Hacienda de Barcelona se ampara, primero, en una cuestión formal al alegar que no puede desarrollar el expediente administrativo abierto sobre Aizoon --sociedad de la que es accionista la 50 por ciento la Infanta-- porque hay un proceso penal en curso y que hasta que este no concluya, "no cabe emitir, ni añadir o suprimir nada del informe anterior".
   Cruzado considera esta respuesta una excusa formal porque una vez que el caso está judicializado sí se puede emitir un informe para el juez que lo pide. Además, según el presidente de Gestha, la Agencia Tributaria se limita a "reproducir" lo que dijo la Abogacía del Estado, con lo que, alega, "no se mantiene la independencia que debe tener el auxilio judicial".
   La Abogacía del Estado aseguró --tras el auto de la Audiencia Provincial de Palma en el que preguntaba por qué se había levantado parcialmente el velo societario de Aizoon y sólo se habían desvelado los cobros correspondientes a Urdangarín y no al otro socio que es la Infanta--, que no es cierto que la Agencia Tributaria haya levantado el velo societario de Aizoon y que en caso de que esto hubiera ocurrido los ingresos no se atribuirían a los dos socios por igual, sino a aquel que los hubiera generado. Además, alegaba que si el velo se levantara habría que prescindir de la figura societaria y por lo tanto, de los socios.
   Los Técnicos de Hacienda también consideran un argumento "poco sólido" el que da la Abogacía y hace suyo Hacienda, porque, aseguran, "no es lo mismo una sociedad en la que hay 10.000 socios que una en la que sólo hay dos y además son matrimonio".
   La conclusión de Gestha, tras este informe enviado al juzgado de Palma, es que la Agencia Tributaria "no coopera con el juez" Castro. Una afirmación que sustentan también en el hecho de que el primer informe emitido, que iba firmado por la directora de la Agencia, se niega al instructor del caso el nombramiento en auxilio judicial de un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera, alegando que los dos inspectores que tiene asignados están suficientemente capacitados.
   Para Carlos Cruzado, este informe "no dice la verdad" porque sí se puede nombrar a esa persona en auxilio judicial. "Lo que ocurre es que la directora no quiere nombrarlo", ha apostillado.
   Además, califica de "sorprendente" que los dos informes entregados en el Juzgado estén firmados por la directora --el primero-- y por el delegado especial de Hacienda --el segundo-- y no por ninguno de los inspectores y técnicos de Hacienda que están asignados a este caso como auxilio judicial.
   En su opinión, es una "contradicción" que denieguen un experto de la Agencia, nombren inspectores y al final asuman lo que dice el Abogado del Estado, del que no duda de su formación jurídica, pero precisa que la formación fiscal acreditada es la de los inspectores y técnicos de la Agencia.
  Carlos Cruzado considera que a la Agencia Tributaria no le corresponde valorar si la Infanta debe o no ser imputada, sino emitir un "informe independiente" con una "valoración técnico fiscal" en relación a ella, con los datos que ha solicitado el instructor de la causa y aclarar si Cristina de Borbón ha tenido participación y colaborado en que su marido cometiera delito fiscal. Añade que luego corresponde al juez valorar los datos y decidir si hay o no imputación.
   Sin embargo, insiste, a la vista de esta documentación, "la Agencia no está cumplimentando ese auxilio judicial que pide el juez".

El juez pide a los duques de Palma las actas de su sociedad Aizoon

PALMA.-  El juez de Palma de Mallorca José Castro, que instruye la causa por un presunto desvío de fondos públicos en la fundación Nóos que presidía el yerno del Rey Iñaki Urdangarin, ha pedido a éste y su esposa, la infanta Cristina, las actas de la sociedad mercantil Aizoon de la que eran propietarios al 50 por ciento.

"El juez de Instrucción nº 3 de Palma ha dictado y notificado hoy una providencia en la pieza 25 Nóos del caso Palma Arena en la que solicita a Iñaki Urdangarin y a la Infanta Cristina las actas de la mercantil Aizoon", dijo el miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares en un comunicado.
El juez investiga si la infanta Cristina incurrió en un delito fiscal por la presunta desviación de fondos públicos a través de Aizoon.
El juez, cuya histórica imputación de la infanta Cristina fue suspendida temporalmente en mayo por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, pidió la semana pasada a la Agencia Tributaria si los duques de Palma declararon bienes en el extranjero desde 2002.
Urdangarin siempre ha desvinculado a la infanta de la gestión de Nóos, afirmando que no participaba en la toma de decisiones pese a ser vocal de la fundación.
El duque de Palma está acusado de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública por desviar entre 2004 y 2006 unos 5,8 millones de euros de fondos públicos de las comunidades de Baleares y Valencia.

El Duque de Palma apela a su derecho a la intimidad respondiendo a las "maledicentes" manifestaciones de Torres

PALMA.- El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha salido en defensa de su derecho a la intimidad impugnando un recurso interpuesto por su exsocio Diego Torres, en el que éste recrimina que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, le haya requerido que de ahora en adelante se "abstenga" de presentar cualquier documento que implique "una intromisión en la esfera de la intimidad ajena". 

   En su escrito de impugnación, el marido de la Infanta Cristina recuerda cómo la Audiencia Provincial de Baleares emplazó al magistrado José Castro a impedir el acceso a la causa de documentos cuyo contenido "pueda lesionar gratuitamente el derecho a la intimidad", y tilda de "injustificadas, extemporáneas y maledicentes" algunas de las manifestaciones efectuadas recientemente por la defensa de Torres.
   Más en concreto, hace alusión a las acusaciones que realizó en relación a otro de los imputados del caso, Mario Sorribas, al tildarle Torres de "ayudante de campo, imprescindible valido y correveidile" de Urdangarin, afirmaciones que, "amén de no ser ciertas, rezuman una falta de respeto procesal que también, como otras conductas procesales que la Sala exige atajar, deberían corregirse sin más por no quedar amparadas por el legítimo derecho a la defensa".
   De este modo, el letrado del Duque, Mario Pascual Vives, solicita al juez que confirme los pronunciamientos de su auto recurridos por Torres, en el sentido de instarle a no presentar más correos que afecten a la intimidad, extendiendo al resto de partes esta "llamada de atención" que ya efectuó la Audiencia.
   Cabe recordar que, a lo largo de la instrucción de esta causa, Torres ha ido aportando para su defensa numerosos emails con los que acreditar la participación de Urdangarin y su mujer en los hechos investigados, y atestiguar asimismo el conocimiento que de los mismos podía tener la Casa Real.
   Una práctica que también ha adoptado recientemente la defensa de Mario Sorribas, presunto testaferro de Urdangarin, al entregar varios emails con los que demostrar que, por el contrario, que Torres era "quien mandaba y disponía" en el Instituto Nóos, recalcando por el contrario cómo, hasta el momento, no se han incorporado a las investigaciones correos "dirigidos por o al yerno del Rey de España donde dé instrucciones de mando".
   El abogado de Sorribas recriminaba el "intento de practicar la maniobra de la confusión" por parte de Torres o, "lo que se dice en catalán, 'embolicar la troca'", si bien subraya que "la mayoría decaen por sí solas por inverosímiles".
   Asimismo, ironizaba en torno a la entrega de emails por parte del exsocio de Urdangarin "por capítulos", como si se tratara "de un serial que tiene a medio país enganchado, y quien dice país dice medio mundo", al incidir en que "el avatar judicial de este asunto se sigue con pasión en Hispanoamérica, con lo que puede afirmarse que está haciendo más por la unidad cultural de los hispanoparlantes que muchas de las iniciativas costosísimas del Instituto Cervantes".

Desde Valencia dicen que "no hay constancia en agendas de Generalitat" de que Camps fuera en julio de 2004 a Zarzuela

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha asegurado este miércoles que "no hay ninguna constancia en ninguna agenda oficial de Presidencia de la Generalitat" que haga referencia a una reunión del expresidente del Gobierno valenciano Francisco Camps en el Palacio de la Zarzuela el 6 de julio de 2004.

   Císcar ha realizado estas declaraciones en la sesión de control a los miembros del Consell en el pleno de las Corts Valencianes, tras una pregunta formulada por el portavoz de Compromís, Enric Morera, sobre si puede confirmar si consta en las agendas oficiales de Presidencia que Camps acudió el martes 6 de julio de 2004 a un desayuno de trabajo en el Palacio de la Zarzuela para tratar temas relacionados con la America's Cup.
   "No hay ninguna constancia en ninguna agenda oficial de Presidencia de la Generalitat que haga referencia a la reunión que su pregunta se refiere", ha respondido el también conseller de Presidencia y de Agricultura.  
   Por su parte, Morera ha asegurado que en la instrucción del 'caso Nóos' "se afirma que sí estuvo Camps en el palacio de la Zarzuela el 6 de julio de 2004 y también se afirma que fue el 22 de enero de 2004", por lo que ha preguntado a Císcar si investigará si ese día fue a la Zarzuela.
   El representante de Compromís ha lamentado que "el dinero público no ha ido donde tenía que ir, y ha ido a parar a un Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin". Morera ha mostrado una foto en el que aparecen junto al duque de Palma, Iñaki Urdangarin varios dirigentes 'populares', como Rafael Blasco, Esteban González Pons, Francisco Camps y Rita Barberá .
   Enric Morera ha hecho referencia a la corrupción y ha lamentado que "la realidad nos desborda". Asimismo, ha destacado este miércoles ha sido "la primera vez en todo el parlamentarismo mundial en la que un diputado  ha votado a favor de un Gobierno que le ha pedido 11 años de prisión", en referencia al diputado del PP y exconseller de Solidaridad Rafael Blasco, procesado en el 'caso Coooperación'.
   Además, se ha referido al exjefe del Consell Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y ha destacado que "al ritmo que vamos no va a quedar en el Gobierno valenciano ni en el grupo parlamentario popular ninguna persona que no esté imputada. "O actuamos rápidamente para limpiar claramente la herida, o la herida continuará infectándose y si se infecta, no podremos actuar de forma decisiva", ha advertido.
   Por su parte, José Císcar ha reiterado que "no hay ninguna constancia en ninguna agenda oficial de Presidencia de la Generalitat" que haga referencia a una reunión del expresidente del Gobierno valenciano Francisco Camps en el Palacio de la Zarzuela el 6 de julio de 2004.
   Asimismo, el vicepresidente ha hecho hincapié en que las agendas "no constituyen un acto o procedimiento administrativo, no están sujeta a la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo". En esta línea, ha asegurado que los datos de una agenda pública "se pueden conservar por operatividad, pero nunca por obligación legal", y que "no hay ninguna regulación sobre el mantenimiento de las agendas".
   Posteriormente, el portavoz adjunto de EUPV Ignacio Blanco ha recordado que el exportavoz del Consell y exconseller de Presidencia Esteban González Pons declaró en marzo ante el juez Castro como testigo que "firmó el convenio entre la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana (SGIPCV) y el Institito Nóos para la organización de unos juegos europeos porque había un acuerdo aprobado previamente por el Consell a propuesta del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps".
   Por ello, Blanco ha preguntado al conseller de Economía, Máximo Buch, si "puede confirmar la existencia de un acuerdo del Consell sobre los Juegos Europeos, a propuesta del presidente Camps y previo a la firma del convenio entre la SGIPCV y el Instituto Nóos".
   Máximo Buch, en su intervención, ha respondido que este convenio "fue objeto de autorización previa por parte del Consell" y que sus decisiones "son colegiadas, las toma el Consell en su conjunto y las anuncia el portavoz".
   Al respecto, ha asegurado que en esta época "no era conseller y, por tanto, no puedo contar quién propuso qué dentro del Consell", aunque ha añadido que "si lo hubiera sido, tampoco se lo podría contar porque dentro del juramento de un conseller está no desvelar las deliberaciones del Consell".

La Fiscalía pide al juez que prosiga con las investigaciones sobre Valencia

PALMA.-   La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que prosiga con las investigaciones del caso en Valencia mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) resuelve si investiga al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

   La Fiscalía recurre así el auto por el que se elevó al TSJCV una exposición razonada en torno a los indicios que pesan sobre los dos políticos.
   No obstante, la impugnación se circunscribe únicamente al acuerdo del magistrado de que no se practicaran más diligencias sobre los hechos relacionados con Valencia hasta que el TSJCV no se pronuncie al respecto.
   Mediante un recurso de reforma, el fiscal Pedro Horrach pide así que las pesquisas acerca de los eventos Valencia Summit y Juegos Europeos (JJEE) sigan adelante mientras la máxima instancia judicial valenciana tramita la exposición razonada y decide si asume las investigaciones en torno a Camps y Barberá, al aseverar que la suspensión de estas diligencias de prueba supondría una "dilación inadmisible" del procedimiento judicial.
   Es más, Horrach, quien hace suyos los argumentos ya esgrimidos al respecto por la defensa del empresario valenciano Miguel Zorío, incide en que no existe previsión legal alguna que obligue a la suspensión de estas actuaciones a la espera de que se pronuncie el TSJCV, como tampoco "supone una vulneración del derecho a la defensa" el hecho de que éstas se sigan practicando.
   De este modo, el representante del Ministerio Público reproduce lo expuesto por el letrado de Zorío en el recurso que también interpuso en este sentido, en el sentido de que la causa debe proseguir en relación con el Valencia Summit y los JJEE y con las personas imputadas que no son aforadas --es decir, excepto Camps y Barberá--, al considerar que "carece de sentido para ahora la instrucción, sin que exista un hecho, un testimonio o una prueba relevante que haya surgido en este momento intermedio de la investigación".
   De hecho, la defensa del empresario recuerda que el juez ya negó remitir a los Juzgados de Valencia las pesquisas relacionadas con los anteriores eventos al alegar la conexión entre los hechos acaecidos tanto en la capital levantina como en Palma.
   Fue el pasado viernes cuando Castro elevó al TSJCV su exposición razonada en relación a la presunta participación de los dos diputados valencianos en las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit --por cuyas tres ediciones el Instituto Nóos percibió unos tres millones de euros públicos-- así como de los denominados Juegos Europeos (JJEE), la entidad presidida entonces por Iñaki Urdangarin cobró 382.000 euros de la Generalitat pese a que el evento nunca llegó a celebrarse.
   En su exposición, de 70 páginas, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, apuntaba cómo la contratación del Instituto Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit respondía "sólo al deseo" del expresidente de la Generalitat y la primera edil de Valencia de "doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey".
   Fruto de estos y otros hechos que el juez relataba de forma pormenorizada en su escrito, el magistrado ve indicios racionales de que tanto Camps como Barberá incurrieron en presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial.