domingo, 5 de mayo de 2013

La Infanta Cristina y el Duque no se han acogido a la amnistía fiscal

PALMA DE MALLORCA.- La Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, no se han acogido a la amnistía fiscal con la que regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos, tal y como revelan los datos que en este sentido maneja la Agencia Tributaria, y que reflejan que tampoco lo han hecho el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, ni los excontables y exasesores jurídicos del Instituto Nóos, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, cuñados del exresponsable de la entidad Diego Torres.

   Y es que, según han informado fuentes de la investigación, Torres es el único imputado en el marco del caso Nóos que se ha beneficiado hasta el momento de esta medida impulsada por el Gobierno, al regularizar hasta un total de 160.000 euros como persona física a través de una cuenta corriente localizada a su nombre en Luxemburgo.
   Se trata de unos datos que Hacienda está pendiente de entregar al Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, después de que su titular, José Castro, solicitase a la Agencia Tributaria que compruebe si Urdangarin, la Infanta, Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, los excontables de Nóos y las sociedades del conglomerado empresarial investigado habrían procedido a regularizar la situación tributaria de capitales ocultos o evadidos.
   Según las mismas fuentes, los investigadores deben ahora determinar si los 160.000 euros regularizados por Torres se encuentran en la cuenta en la que fueron localizados y bloqueados unos 900.000 euros, o si por el contrario se hallan en otra distinta. En caso de que se encuentren en una diferente, desde el Juzgado se prevé librar una nueva comisión rogatoria a Luxemburgo para investigar la procedencia de los fondos.
   Fue a finales del pasado mes de febrero cuando el magistrado atendió la una petición del sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, de que, como medio de prueba, la Agencia Trubutaria acreditase si los imputados se acogieron al Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo, que contempla la posibilidad de regularizar los fondos evadidos a cambio de pagar un gravamen especial, quedando así los contribuyentes exonerados de cualquier penalización o sanción.
   Asimismo, Manos Limpias hacía extensiva la petición a las sociedades Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Estrategy Innovation Lab, Shiriaimasu, Virtual Strategies, Aizoon -de la que Urdangarin es copropietario al 50 por ciento junto a su esposa-, De Goes Center For Stakeholder Management, Blossom Hills, Instituto Nóos y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FCDIS).
   En el caso de Urdangarin, en la declaración que prestó ante el juez el pasado 25 de febrero, negó disponer de cuentas bancarias en el exterior ni de ningún testaferro para desviar fondos procedentes de Nóos. No obstante, los investigadores libraron comisiones rogatorias a Suiza, Andorra y Luxemburgo con el objetivo de averiguar si se desviaron a estos países dinero del Instituto formalmente presidido por el Duque entre 2003 y 2006.
   De hecho, la Fiscalía apunta que el marido de la Infanta Cristina cobró presuntamente 140.000 euros, a través de testaferros, en una cuenta corriente domiciliada en Suiza por la búsqueda de inversores en favor de la empresa Inversiones Financieras Aguas de Valencia (AGVAL), servicios por los que inicialmente pactó percibir 125.000 euros trimestrales junto a su colaborador José María Treviño, trabajos que finalmente no fructificaron.  
   Mientras tanto, en lo que a Torres y su mujer se refiere, el juez mantiene bloqueados unos 960.000 euros depositados en una cuenta bancaria de Luxemburgo, cuya titularidad está en manos del matrimonio. Sobre estos fondos, el exsocio de Urdangarin, interrogado por el magistrado el pasado día 16, justificó que se trataba de ahorros de su esposa que trasladó desde una cuenta de Antorra por no fiarse del sistema bancario de este Estado.
   De hecho, el magistrado, ante la justificación del destino del dinero, se dirigió al imputado aseverando: "Por favor, no nos podemos contentar, aunque usted es el que impone, porque si dice 'no declaro más', no declara más; pero hombre, satisfaga nuestra curiosidad un poco más, porque eso no encaja".

La polémica sobre el papel del Rey / José Oneto

Un programa de Televisión Española que lleva por título “Audiencia Abierta”, que hasta ahora, había pasado desapercibido para el gran público, ha levantado la gran polémica sobre la función del Rey en la política nacional, hasta el punto que conocidos comentaristas muy cercanos al Gobierno, han comenzado a discutir el papel del Jefe del Estado como “árbitro y moderador”, reconocido, en la propia Constitución Española.

El programa, concebido como un programa de vocación claramente informativa, pero también divulgativa, pretende dar a conocer en profundidad las competencias, el funcionamiento y la acción cotidiana del Jefe del Estado, en una Monarquía Parlamentaria como la española, y su objetivo es informar, divulgar, entretener y acercar, con rigor y objetividad, la Jefatura del Estado y quien la encarna, a la audiencia de la televisión pública. Dirigido por el representante socialista en el Consejo de Administración de RTVE, Miguel Ángel Sacaluga, ha ocupado todo el interés informativo del fin de semana, al adelantar este sábado que el Rey Juan Carlos está intentando relanzar un clima de consenso entre los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, que haga posible un pacto frente a la crisis económica y el paro.

Es más, en la Zarzuela se pretende relanzar el papel moderador de la Corona para propiciar pactos, acuerdos y consensos en unos momentos en que todas las Instituciones políticas, incluida la Jefatura del Estado, están en crisis. Según se puede deducir de la última encuesta del CIS en la que, entre otras cosas, la Monarquía registra el peor dato de valoración de toda la historia. De esta forma, la Monarquía figura en sexto lugar en la lista de las instituciones, por debajo de la Guardia Civil, la Policía las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, y el Defensor del Pueblo.

Ahora, el paso que se pretende dar es que el Rey intensifique su papel de árbitro y moderador, y que refuerce la imagen de la Corona con cuatro mensajes: transparencia en las cuentas, sometimiento a la ley y al Estado de Derecho, estabilidad -cerrando el debate, abierto desde hace meses, sobre la abdicación-, y continuidad, reforzando el protagonismo del Príncipe para que, cuando llegue el momento, la sucesión sea sólo un trámite. Y partir de ahí, se han levantado todo tipo de interpretaciones desde las que sostienen que el Rey va intentar reactivar los mejores valores de la Transición, hasta los que piensan que el Jefe del Estado debe tomar un papel activo para impulsar una reforma de la Constitución.

El artículo 56 de la Constitución establece que el Rey, como Jefe del Estado “arbitra y modera el funcionamiento regular de las Instituciones”, algo que, desde que entró en vigor la Constitución, ha ejercido en muy pocas ocasiones o en ocasiones extraordinarias como el 23 de Febrero de 1981, cuando el golpe de estado. El Rey que heredó todos los poderes del general Franco y que, con la Constitución de 1978, renunció a todos esos poderes, tiene muy limitadas sus funciones, aunque entre ellas, estaría el crear ese clima propicio para que, en momentos críticos, como los actuales los partidos encuentren una vía de entendimiento. En muchas ocasiones, ha intervenido discretamente, sin que haya trascendido, ante el Gobierno o ante la oposición, aportando sus puntos de vista, aunque su labor no sea ejecutiva.

Impulsar una segunda transición o intervenir en una reforma constitucional se saldría de su papel y provocaría roces con el poder ejecutivo. Por eso, no deja de ser significativo que voceros muy próximos a la Moncloa, y muy cercanos a Mariano Rajoy, hayan puesto el grito en el cielo, cuando se ha hablado del papel de arbitraje de don Juan Carlos en la búsqueda de pactos con la oposición. No se sabe, si por defender el papel del presidente del Gobierno o, simplemente, porque el primero que habló de la necesidad de pactos, fue el líder de la oposición Pérez Rubalcaba, y uno de sus hombres, Miguel Ángel Sacaluga, el director del programa de Televisión, de la polémica…

El Rey mueve ficha / Luis Solana *

Muchos habían pensado que el Rey y la institución monárquica estaban ya para liquidación republicana. Muchos más creían que la solución a una crisis de la Corona era una abdicación tipo Holanda. Pero Juan Carlos de Borbón ha demostrado una vez más que sabe lo que pasa en su país y -lo que es más importante- cómo puede remover las aguas políticas para que los ciudadanos consideren a la Monarquía un sistema que soluciona sus problemas. Justamente esa es la forma de conseguir que Felipe de Borbón pueda llegar a asumir la institución del Estado español. Seguramente hemos menospreciado al Rey de España.

Semana de puente de 1º de mayo en todas partes pero, especialmente, en Madrid por aquello del 2 de mayo. Es decir, lo que dijera una persona como el Rey en esas fechas tendría un eco muy atenuado en la capital y algo distante en las provincias. Perfecto. En la Casa Real se decide mover ficha y hacer ruido justo cuando la ficha casi no se va a notar y el ruido lo escuchan muy pocos. Pero deja constancia del movimiento de la ficha y algunos (los que se buscaba) oyen un ruido que viene desde La Zarzuela.

Un periodista de TVE (que se dice es hombre del PSOE), hace un breve reportaje en el despacho del Rey (con el Jefe de la Casa delante) en el que se dice que el Rey quisiera un pacto ante la crisis por la que pasa España. Discreto terremoto.

Como era de esperar, el analista de guardia en La Moncloa, le dice a Mariano Rajoy que tiene que enfadarse; y se enfada. Llega rápidamente a los medios de comunicación datos sobre la contrariedad del presidente del Gobierno. El debate está servido.

La Casa Real -que sabe más por viejunos que por listos- hace una especie de rectificación que no rectifica nada. De verdad, convendría que en las escuelas de periodismo se analizase esta secuencia de mayo antes de opinar sobre Juan Carlos de Borbón y sus colaboradores.

Las cosas ya no tienen vuelta atrás: la Corona está a favor de que haya pactos políticos entre todos para reducir el tremendo nivel de paro.

¿Y ahora que dice Rajoy? Pues le han colocado en una situación complicada. Si dice que acepta pactos, demuestra que no basta con una mayoría absoluta. Si dice que de pactos nada, toda la opinión pública dirá: “pero si hasta el Rey lo pide”.

¿El rey quiere complicarle la vida a Mariano Rajoy? De ninguna de las maneras. Y eso debería tenerlo claro el presidente antes de enfadarse más de la cuenta. El Rey lo que quiere es mover la ficha de la Monarquía hacia territorios de prestigio que hoy no ocupa.

Ciertamente, las cosas para la familia real están complicadas; pero no lo están para la Monarquía si el rey retoma el pulso.

Vamos a ver, si Juan Carlos de Borbón deja caer un par de veces que quiere que toda España luche contra el paro que nos agobia y pide entendimiento y pacto ¿qué pasaría? pues que el movimiento a favor de la República sufriría un parón profundo y serio entre las gentes de la calle. Unamos esa actitud a una política de transparencia máxima y un cierto cambio muy serio de actitud habría entre los españoles.

Naturalmente que no se de qué va el Rey y sus asesores, pero la sensación de que el Rey ha movido ficha de forma acertada, personalmente, la tengo.

(*) Luis Solana es militante socialista

El príncipe Felipe, solo en Palma / María Eugenia Yagüe

Ha sido más que una visita de cortesía al Salón Naútico de Palma y una deferencia a la familia del almirante Marcial Sánchez-Barcaiztegui, conocido de la Familia Real y premiado a título póstumo en Palma por su entrega al mundo del mar. El príncipe Felipe llegó el viernes a Palma solo y solo permanece en la isla el fin de semana.  

Su estancia en la isla, sin Letizia, alimenta aún más las especulaciones de que cada uno de ellos hace su propia vida cuando no tienen actos oficiales. La princesa vive con sus amigas las noches de Madrid sin ocultarse, viaja con ellas más de un fin de semana y no le gusta ni el mar ni Palma de Mallorca, para irritación de la sociedad de Baleares, que ha sido muy generosa con la Familia Real para agradecer sus veraneos en la isla y la promoción internacional que ha supuesto para Mallorca la presencia de los Reyes cada verano y la celebración de la Copa del Rey en aguas de Mallorca, considerada la regata más importante del Mediterráneo. 

Además Mallorca le ha cedido a los reyes una espléndida residencia veraniega, el palacio de Marivent, contra la opinión de sus antiguos dueños, los Saridakis griegos, que la donaron al gobierno local como un museo y no como residencia privada. Tampoco hay que olvidar que los empresarios de la isla le regalaron al rey la última versión del yate Fortuna para que el monarca lo utilizara como representación ante sus invitados extranjeros.

Sin embargo la Familia Real, con excepción de la reina doña Sofía, apenas pisa la isla y esta ausencia tan criticada por los mallorquines, es muy anterior a destaparse el escándalo de Iñaki Urdangarin.

Las críticas más duras en estos últimos años han sido para Letizia, ausente incluso en la entrega de premios de la última Copa del Rey, una oportunidad que tenían los Príncipes de Asturias para convertirse en el relevo y sucesores de la presencia de los reyes en la isla.

El príncipe ha regresado a Palma a un acto naútico pero también a pasar el fin de semana con sus amigos del mar, mientras Letizia sigue sin escuchar lo que piden de ella los mallorquines.

La Corona recibe el apoyo ciudadano que merece

La Monarquía ha descendido hasta el sexto lugar en la lista de instituciones más valoradas del país según el último barómetro realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, con una puntuación de 3,68 sobre 10, la peor desde que el CIS la incluyó por primera vez en su cuestionario en 1994. No se trata de una desafección puntual por un hecho aislado, sino una clara tendencia descendente que arranca en octubre de 2011, cuando estalló el escándalo por los negocios irregulares de Iñaki Urdangarín y la Corona suspendió por primera vez con un 4,89. Pues bien, justo el día después de que la institución monárquica obtuviera su nota más baja en un sondeo del CIS y apareciera por primera vez en la lista de problemas de los españoles, Zarzuela ha sorprendido lanzando este mensaje: el Rey no piensa en abdicar sino que quiere "relanzar" la Corona y multiplicar su actividad.

El formato utilizado para comunicar esa regia decisión -el programa de la televisión gubernamental dedicado a la Corona Audiencia Abierta-, no ha podido ser más inapropiado, en línea con los despropósitos que viene encadenando la institución en los últimos tiempos para asombro de propios y extraños, aunque en el Palacio de la Zarzuela hayan pretendido más tarde desvincularse de unas afirmaciones que alguien tuvo necesariamente que sugerir a los responsables del espacio cortesano de TVE.

Pero las dificultades de la Monarquía en España no residen únicamente en las formas que viene utilizando últimamente en sus relaciones con los medios, sino que responden a un problema muy de fondo que afecta a la propia esencia de la institución en una democracia con los gravísimos problemas, no sólo económicos, como los que padece actualmente la Nación española.

En un país con una región en abierta rebeldía constitucional y otra iniciando el mismo camino con el intolerable agravio añadido de más de ochocientas víctimas mortales por actos terroristas, la Corona se ha distinguido por una actitud no ya imparcial, sino de abierta simpatía con aquellos que pretenden acabar con la nación española, de cuya unidad el Rey es principal símbolo por mandato constitucional. No de otra forma pueden entenderse las intervenciones del monarca en la negociación del gobierno de Zapatero con la ETA ("y si sale, sale...") o en las intentonas separatistas de los nacionalistas radicales de Cataluña ("hablando se entiende la gente"), que tanto escándalo produjeron justificadamente en su día.

Pero es que en asuntos que, aunque de menor calado político provocan si cabe un escándalo mayor entre los ciudadanos como la corrupción económica, la actuación de la Casa Real no ha sido tampoco precisamente ejemplar, como reflejan los estudios demoscópicos del CIS desde que el yerno de Su Majestad y su propia hija saltaron a las primeras páginas de los periódicos por sus más que reprochables actividades financieras desarrolladas, implícitamente o no, al amparo de la institución.

Esta catarata constante de incumplimientos del deber constitucional al que está sujeta la Corona, culminadas por el chusco episodio de Botswana con las relaciones con una aristócrata consorte en el centro del escándalo, no va a saldarse simplemente porque el monarca decida por su cuenta dar por finiquitado "el debate sobre la abdicación". Afortunadamente España no es una Monarquía Absoluta en la que la voluntad del Rey es un mandato de obligado cumplimiento, sino una democracia constitucional a la que sus instituciones deben someterse en representación del pueblo español, único detentador de la soberanía nacional.

En virtud de lo anterior las instituciones, sobre todo si tienen un carácter marcadamente suntuario como la monarquía, han de legitimarse a través del ejercicio de su función, ya que la legitimidad de origen, en el caso de la Corona española, no es precisamente modélica por razones históricas suficientemente conocidas.  Si el Rey quiere zanjar un eventual debate sobre su abdicación no tiene más que cumplir fielmente sus deberes constitucionales, aunque esa exigencia vaya en detrimento de la obtención de ciertas simpatías que han llevado a la institución a la situación actual.