viernes, 5 de abril de 2013

El Gobierno escuchará las sugerencias del fiscal-general Torres Dulce para incluir el "aforamiento" del Príncipe

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró hoy que el Ejecutivo está abierto a escuchar la opinión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien ha asegurado que le preocupa es de la falta de "aforamiento" del Príncipe Don Felipe.

   Al ser preguntada si el Gobierno está pensando en incluir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se está redactando en la actualidad, algún tipo de aforamiento para la Familia Real y en concreto para el Príncipe Don Felipe, tal y como ha sugerido en alguna ocasión el Fiscal General del Estado, Sáenz de Santamaría aseguró que el Ministerio Fiscal tiene un papel muy importante en la redacción de las Leyes, que están sometidas a su informe.
   Por ello, aseguró que el Ejecutivo está "abierto a escuchar su opinión sobre estos temas" de los que dijo que entran dentro de la competencia del Fiscal y también "sobre cualquier otra cuestión en una Ley que es amplia, complicada, y que ya tiene siglos, con numerosas reformas y que es necesario actualizar".
   La vicepresidenta explicó que el Gobierno recabó ya un informe sobre expertos para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está "analizando" en la actualidad. Añadió que "indudablemente", están abiertos a escuchar al Fiscal General.
   Torres-Dulce explicó en una entrevista a La Razón su preocupación por el "no aforamiento" del Príncipe Felipe. "De lo que estoy preocupado es de la falta de aforamiento del Príncipe de Asturias, y lo digo con absoluta claridad. Sé que no es, probablemente, el momento de suscitar esa cuestión, pero un juez, un fiscal o un policía tiene un fuero especial y resulta absolutamente incomprensible que los Príncipes de Asturias no lo tengan. No me parece equilibrado", aseguró.
   Este planteamiento ha cobrado especial relevancia tras la imputación de la Infanta Cristina por parte del Juez Castro, en el 'caso Nóos', en el que ya está imputado su marido desde 2011. Se trata del primer miembro de una Casa Real imputado por un juzgado.

Basagoiti defiende que la Monarquía no puede ser "contaminada" por un "garbanzo negro"

BILBAO.- El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, subraya que la Monarquía es "un factor de estabilidad" en España que no puede ser "contaminada" por un "garbanzo negro o una manzana podrida". Asimismo, advierte de que "una cosa es apartar al corrupto y otra cargarse el sistema".

   En declaraciones a Radio Popular, el líder popular vasco ha defendido que la institución sirve también de imagen al exterior, por lo que muchos de los contratos de las grandes empresas, "vascas muchas de ellas, tienen que ver con la labor diplomática que hace la Casa Real".
   A su juicio, aunque se puedan ver "cosas puntuales", la institución es un "factor de tranquilidad y proyección" que sirve para que España tenga posibilidades de crecimiento. "Un garbanzo negro o una manzana podrida no puede contaminar al resto porque esa institución ha sido, es y será muy buena para España", ha remarcado.
   "Lo que una persona o dos puedan haber hecho cerca de la Monarquía o en la Monarquía no debe ocultar que es un factor de estabilidad que ayuda a que la política y las cosas transcurran con tranquilidad en España", ha añadido.
   En este contexto, ha remarcado que la Monarquía sirve también "de imagen al exterior", por lo que muchos de los contratos de las grandes empresas, "vascas muchas de ellas, tienen que ver con la labor diplomática que hace la Casa Real".
   "Una cosa es que uno no haga lo que deba y otra que no defendamos el sistema. Yo defiendo el sistema, creo que no siendo perfecto sirve para dar estabilidad y proyección al país y las cosas vayan mejor que si no tuviéramos Monarquía", ha considerado.
   Por último, ha reconocido que comparte al cien por cien las palabras del Príncipe Felipe al respecto de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la imparcialidad de los tribunales.
   "Una cosa es que reprochemos y seamos muy duros contra aquel que ha hecho lo que no debe, bien sea gerente de un partido o cuñado de no sé quien, y otra es que nos carguemos los partidos, la Monarquía, que dudemos de la Constitución... Una cosa es apartar el corrupto y otra cargarse el sistema", ha concluido.

El juez Castro pospone sin fecha la declaración de la infanta Cristina

PALMA DE MALLORCA.- El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha dejado sin efecto la declaración de la Infanta Cristina en calidad de imputada prevista para el próximo 27 de abril a las 10.00 horas, hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el recurso de apelación presentado esta mañana por la Fiscalía Anticorrupción.

   Según alega el magistrado instructor del caso Nóos en una providencia que ha dictado después de que el fiscal Pedro Horrach haya impugnado esta mañana el auto de imputación de la hija del Rey Don Juan Carlos, el mantenimiento de la fecha prevista "haría ineficaz y dejaría carente de contenido" el recurso del Ministerio Público, puesto que la resolución de la Audiencia "difícilmente" podría llegar antes del día 27.
   En la misma resolución, el juez da traslado del recurso a las demás partes personadas en la causa para que, en un plazo de cinco días, puedan alegar por escrito lo que estimen conveniente en torno al contenido del escrito de impugnación, que no ve indicios suficientes para proceder al encausamiento de la mujer de Iñaki Urdangarin.
   Cabe recordar que en el citado recurso, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha pedido a Castro que suspenda la declaración de la Infanta Cristina, hasta que la Audiencia Provincial no resuelva sobre el mismo.
   En el citado recurso, Horrach señala "no se entiende" el sentido de la imputación realizada por Castro, teniendo en cuenta que en la fase procesal en la que se encuentra el caso Nóos y concluida la investigación de la causa, no hay "elementos incriminatorios" que sustenten una acusación formal contra Doña Cristina de Borbón.
   En este sentido, asegura que la aplicación del principio acusatorio conllevará necesariamente el "sobreseimiento" de la causa respecto de Doña Cristina de Borbón.
   Asimismo, recalca que la Infanta Cristina "ni es titular, ni es autorizada o apoderada en cuenta corriente alguna vinculada al Instituto Nóos o a la Fundación Deporte Turismo e Integración Social, por lo que, en su opinión, el citado precedente judicial ofrece "nulo apoyo al razonamiento jurídico del instructor".
   Por otro lado, recuerda que en el sistema procesal penal español son "las acusaciones públicas, particulares o populares quienes determinan los hechos delictivos y los presuntos responsables en sus escritos de acusación y de solicitud de apertura del Juicio Oral".
   Cabe recordar que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, presidida por el juez Diego Gómez-Reino, será la encargada de deliberar sobre si acepta o no el recurso del Ministerio Fiscal.
   La Sección Segunda está conformada por otros tres magistrados, que son Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Carmen Ordóñez, de los cuales dos de ellos formarán parte del citado Tribunal.

El fiscal descarta que la Infanta ejerciese una "influencia delictiva"

PALMA DE MALLORCA.- El fiscal anticorrupción Pedro Horrach descarta en su recurso de apelación contra la imputación de la Infanta Cristina en el caso Nóos, que ésta ejerciera una "influencia delictiva" sobre las Administraciones públicas que contrataron con el Instituto Nóos cuando estaba presidido por su marido, Iñaki Urdangarin.

Así lo pone de manifiesto en el recurso de apelación que esta mañana ha registrado en los Juzgados de Palma y que será tramitado por la Audiencia Provincial de Baleares, órgano al que le corresponderá dirimir si la hija del Rey Don Juan Carlos debe comparecer finalmente en calidad de imputada ante el juez instructor, José Castro.
Tal y como incide el fiscal en su escrito, si los responsables políticos "supuestamente influenciados" desconocían que la Infanta fuera vocal en Nóos y no trató o gestionó de algún modo con ella temas vinculados a esta entidad, "¿cómo puede ejercer aquélla una influencia delictiva?", se pregunta.
En esta línea, apunta que si los indicios acumulados a lo largo de la investigación "no poseen entidad penal, no se barrunta el sentido que tiene su citación en calidad de imputada", en contra de las argumentaciones apuntadas por el magistrado.
Al hilo de lo anterior, el representante del Ministerio Público se pregunta "qué hecho, dato, circunstancia, documento, testifical o cualquier otro elemento incriminatorio ha sobrevenido que altere sustancialmente" las consideraciones penales argumentadas hasta el momento por las acusaciones -excepto Manos Limpias-, que no han hallado hasta ahora indicios en contra de la Infanta.
"Absolutamente ninguno", recalca Horrach, quien asevera de hecho que el auto por el que ha sido encausada la Infanta, y que ahora ha sido recurrido, se basa "esencialmente" en los mismos hechos que ya expuso Manos Limpias, en calidad de acusación popular, para solicitar la imputación, y que "fueron desestimados por inconsistentes y débiles" tanto por el juez, en marzo de 2012, como por la Audiencia Provincial en julio de ese año.
Tanto es así que, según apunta, "no alcanza este Fiscal a comprender porqué sólo unos meses más tarde se apela a los mismos hechos y datos para sustentar la conclusión contraria".
A su juicio, los indicios supuestamente incriminatorios recogidos en el auto impugnado "no merecen tal consideración jurídica" sino que constituyen "meras circunstancias inocuas, inconsistentes y equívocas en algunos casos, o meras sospechas personales en otros", de las que, insiste, "no puede inferirse indiciariamente participación en conductas reprochables penalmente".
Más en concreto, el fiscal apunta que si bien la documentación aportada, concretamente los correos electrónicos entregados por el exsocio de Urdangarin Diego Torres, evidencian que el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, imputado en este caso, mantenía "una comunicación fluida" con el Duque, "de los mismos no se infiere conocimiento de presuntas actividades delictivas en el desarrollo de los proyectos del Instituto Nóos".
Es más, asevera que en el hipotético caso de que García Revenga tuviese dicho conocimiento, no se ha acreditado "con elemento o indicio probatorio alguno" que el mismo comunicase a la Infanta Cristina de algún modo o por algún medio hechos que "impliquen un mínimo conocimiento de la presunta actividad delictiva de su marido".
Asimismo, recalca que tampoco "merece mayores comentarios" el alcance penal que pueda tener el hecho de que García Revenga manifestase que no comunicó al Rey su nombramiento como tesorero de Nóos, mientras que el hecho de que "un padre comente o no con su hija las recomendaciones que haya realizado o proyecto realizar al cónyuge de ésta, pertenecen al ámbito estrictamente privado y es penalmente irrelevante".
El fiscal recuerda cómo el propio instructor puso de manifiesto en un auto de marzo de 2012 que "en la causa no obra absolutamente ningún testimonio, y son muchos los que se han prestado, así como tampoco declaraciones de imputados que involucren de algún modo a Doña Cristina Federica de Borbón en la toma de decisiones de ninguna de las entidades que giran alrededor de su esposo o de Don Diego Torres".

El fiscal: "La causa judicial persigue la búsqueda de la verdad"

PALMA DE MALLORCA.- La Fiscalía Anticorrupción, en el recurso que ha interpuesto contra el auto de imputación de la Infanta Cristina que el pasado miércoles dictó el juez instructor del caso Nóos, José Castro, asevera que el procedimiento judicial "persigue la búsqueda de la verdad material, no de ajustarla a expectativas o sospechas personales, deformándola".

   Tal y como pone de manifiesto el fiscal Pedro Horrach al inicio de su escrito de impugnación, la "observancia del principio de igualdad ante la Ley inspira el presente recurso", tras lo cual asevera que la imputación a una persona de hechos que 'a priori' no presentan rasgos delictivos "supone, cuando menos, un trato discriminatorio".
   Y es que el representante del Ministerio Público recoge las palabras que el magistrado ya vertió, el 5 de marzo de 2012, en el auto por el que desestimó la petición de encausamiento de la Infanta formulada por el sindicato Manos Limpias, en el que el juez apuntaba que "carecería de sentido convocar a alguien como imputado a sabiendas de que, salvo que admitiera expresamente su responsabilidad penal, se debería acto seguido sobreseer la causa en cuanto al mismo".
   "Sobran más comentarios", apostilla el fiscal, quien recalca que de toda la "intensa" actividad investigadora desarrollada, únicamente ha podido extraerse el hecho "incuestionable" de que la hija del Rey Don Juan Carlos figuraba como vocal en el Instituto Nóos, de que su nombre aparecía reflejado en el folleto publicitario del mismo y de que ostentaba participaciones sociales en la mercantil Aizoon -como copropietaria al 50 por ciento junto a su marido-.
   Unas indagaciones que, recuerda Horrach, se han centrado en la toma de declaración a todos los empleados de Nóos y de compañías mercantiles vinculadas a esta entidad, a asesores fiscales, contables y jurídicos; a los responsables de las distintas Administraciones que contrataron con Nóos y a funcionarios y contratados laborales de estas instituciones.
   Asimismo, se han practicado comisiones rogatorias a Andorra, Luxemburgo y Suiza; se ha analizado numerosa documentación intervenida en registros judiciales en algunos casos y aportada por las partes en otros, mientras que se han realizado "exhaustivas" investigaciones patrimoniales.

Zarzuela desglosa desde 2011 solo una parte de la asignación anual de los PGE

MADRID.- La Casa del Rey publica desde 2011 un desglose parcial de la asignación anual que recibe específicamente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que en los últimos años se ha situado en torno a los ochos millones de euros. 

   Esta partida no incluye los gastos que genera la institución y que asumen otros Ministerios, como el sueldo base de los policías y guardias civiles que realizan funciones de seguridad para la Casa Real, los vehículos oficiales, o los gastos de luz y calefacción de las residencias de los Reyes y los Príncipes en el complejo de la Zarzuela, por poner algunos ejemplos.
   En algunos ejercicios, la ley de Presupuestos Generales del Estado ha especificado algunas de estas partidas asumidas por los departamentos ministeriales, pero no todas. En 2012, por ejemplo, las cuentas de Presidencia del Gobierno incluían una partida para 'servicios a la Corona y actos de Estado' que ascendía a 9,58 millones y otra de 6,158 millones de apoyo a la gestión de la Jefatura del Estado.
   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha anunciado hoy la disposición del Ejecutivo de someter al control de la futura Ley de Transparencia esos gastos que genera la institución pero que asumen diferentes departamentos ministeriales.
   Sin embargo, también ha precisado que la inclusión de la Casa del Rey en la Ley de Transparencia deberá ajustarse a lo que establece la propia Constitución, cuyo artículo 65 señala que el Rey "recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma".
   De esa cantidad, que este año se situó en los 7,9 millones de euros, salen los sueldos del Rey y el Príncipe que el Palacio de la Zarzuela sí ha hecho públicos. En 2013, el monarca ganará lo mismo que en 2011, 292.752 euros brutos al año y el Príncipe, exactamente la mitad (146.375,50 euros), cantidades a las que Hacienda aplica una retención mínima del 40 y del 37 por ciento, respectivamente.
   Zarzuela no detalla en cambio cuánto dinero reciben la Reina, la Princesa de Asturias o la Infanta Elena, sino que ofrece la cantidad global que el Rey reparte entre las tres en función del número de actos oficiales en los que participan. Este año esa cantidad a repartir ascenderá a un máximo de 260.000 euros.
   Las retribuciones directas de los miembros de la Familia Real apenas suponen el nueve por ciento del total de la asignación que Don Juan Carlos recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado. El grueso de esta partida, casi la mitad, se destina a sufragar los gastos de personal que trabaja para la institución.
   Esto es, las nóminas de altos cargos, funcionarios, personal laboral y de confianza que cobran exclusivamente de la Casa --unas 20 personas-- como los incentivos que perciben estos y otros 353 empleados cuyo sueldo base pagan otros Ministerios pero que realizan labores para la Casa (personal de seguridad, chóferes, jardineros...).
   La partida destinada al pago de estos incentivos asciende en 2013 a 2,65 millones de euros, si bien Zarzuela no ha entrado en más detalles sobre qué complementos salariales percibe cada empleado.
   Según la Casa del Rey, estos incentivos están destinados a retribuir el "excepcional rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que desempeñen sus funciones, o bien servicios prestados fuera de la jornada normal de trabajo" del personal que trabaja para la institución.
   Otro 40 por ciento de la asignación que el Rey percibe anualmente de los Presupuestos del Estado se destina, según el desglose de Zarzuela, a gastos corrientes en bienes y servicios, lo que incluye contratos con empresas, mantenimiento de oficinas, y gastos del personal en comisión de servicio. En 2013, para este capítulo hay presupuestados 3,2 millones de euros.
   También entra dentro de este montante el coste de almuerzos, recepciones y regalos ofrecidos por la Familia Real que no cubren otros Ministerios, para lo que se han previsto este 2013 un total de 1,032 millones de euros.
   Dentro del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, este año existe una partida de 1,78 millones de euros destinado, según el desglose que ofreció la Casa del Rey en enero pasado, a cubrir gastos de material de oficina (incluido prensa, revistas, material informático no inventariable), comunicaciones, seguros, y contratos con empresas de servicios (asesorías técnicas, fotografía, de noticias, asistencia técnica...).
   El desglose de sus cuentas que ofrece Zarzuela incluye otros dos capítulos de gasto, el Fondo de Contingencia, dotado en 2013 de 96.582 euros, que se destina a atender a necesidades extraordinarias no previstas, y el de Inversiones reales, que asciende este año a 50.000 euros y que comprende la adquisición de equipos de oficina y licencias plurianuales de desarrollos de software, entre otros.
 
Se someterán a la Ley de Transparencia los gastos de la 
Casa del Rey que asumen otros Ministerios
 
El Gobierno someterá al control de la futura Ley de Transparencia los gastos de la Casa del Rey que asumen otros Ministerios, según ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.    En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que en aquellas actuaciones de la Casa en las que participe una administración pública el régimen de transparencia que se aplicará será el propio que rija para esa administración.
   Y ha puesto como ejemplo aquellas "partidas o servicios de la Casa que se prestan por la propia Administración". Desde 2011, la Casa del Rey hace público un desglose de una parte de la partida que recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado (en torno a unos ochos millones de euros en los últimos años), pero no informa sobre los gastos que asumen otros Ministerios, a los que hoy se ha referido la portavoz del Gobierno.
    En otras cuestiones, ha añadido, se buscará un "tratamiento específico similar" al de otros órganos constitucionales del Estado, que, como la Casa del Rey, al no ser administraciones públicas no están sujetas al derecho administrativo en todas sus actuaciones.
   Sin concretar qué tipo de gastos o de información relativa a la institución quedarán fuera del alcance de la ley, la vicepresidenta ha señalado que el sometimiento de la Casa del Rey a la futura norma tendrá que ajustarse a lo que señala el Título II de la Constitución, cuyo artículo 65 estipula que el Rey "recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma".
   El Palacio de La Zarzuela ha revelado hoy que desde hace más de dos meses mantiene conversaciones con el Gobierno para incluir a la Casa del Rey en la Ley de Transparencia, una iniciativa que partió de la propia institución.
   Sáenz de Santamaría ha explicado sin embargo que la inclusión de la Casa del Rey en la futura norma surge tras el acuerdo que alcanzaron a finales de febrero los grupos parlamentarios en el Congreso para incluir en la ley a aquellas "entidades e instituciones que se financien esencialmente a través de dinero público".
    Aunque el texto no mencionaba expresamente a la Jefatura del Estado, se interpretó como que abría la puerta a la inclusión de la Corona en la Ley de Transparencia. Desde el PP se recordaba entonces que la parte de la asignación presupuestaria que recibe el Rey de cuerdo con la Constitución está blindada y su administración corresponde al Monarca y no al Ejecutivo.
   Según la vicepresidenta, ese acuerdo al que llegaron los grupos tras el Debate sobre el Estado de la Nación fue visto con "muy buenos ojos" por parte de Zarzuela.
   Fue a raíz de ese acuerdo, ha insistido, cuando desde Vicepresidencia del Gobierno se iniciaron unos contactos con la Casa, "que manifestó desde el primer momento su voluntad de encontrar la fórmula de someterse a esa Ley de Transparencia".
   Ambas partes llevan "aproximadamente dos meses trabajando muy activamente" para llevar a cabo esa inclusión y sometimiento de la Casa del Rey a la Ley de Transparencia, "con particularidades por cuanto no es una administración pública, sino una institución del Estado", ha añadido.
   La vicepresidenta ha avanzado que su inclusión en la ley se hará "con un tratamiento equivalente" al que tendrán otras instituciones del Estado, órganos constitucionales, que tampoco son administraciones públicas y por tanto no están sujetas al derecho administrativo.
   Esta semana el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, encargado de las negociaciones, va a ponerse en contacto con las distintas fuerzas parlamentarias, empezando por el principal partido de la oposición, "para dar cuenta de cómo puede abordarse el asunto", ha agregado.

Miquel Roca defenderá a la infanta Cristina

BARCELONA.- El despacho del abogado y exsecretario general de CDC, Miquel Roca Junyent, se encargará de la defensa de la infanta Cristina, a la que este miércoles imputó el juez de Palma que investiga el caso Nóos tras ver indicios de que fue cooperadora necesaria de su marido, Iñaki Urdangarin, han confirmado hoy fuentes jurídicas.

   El bufete del también 'padre' de la Constitución contará con la ayuda del abogado y catedrático de Derecho penal Jesús María Silva, del despacho Molins & Silva, que tiene un acuerdo de colaboración con el primero, tal y como ha publicado este viernes 'La Vanguardia'.
   La infanta Cristina está citada el día 27 para declarar ante el juez José Castro, aunque la Fiscalía Anticorrupción solicitará que la fecha quede en suspenso hasta que la Audiencia de Palma de Mallorca resuelva el recurso que ha anunciado que interpondrá contra su imputación.
El abogado y exsecretario general de CDC, Miquel Roca Junyent, manifiesta que "lógicamente" ya ha hablado con la Infanta Cristina de cara a su defensa en el caso de que no prospere el recurso que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado contra su imputación.
En declaraciones este viernes a los medios a las puertas de su despacho en Barcelona, ha asegurado que, por tener "una agenda complicada", en este momento no contempla reunirse con Mario Pascual Vives, abogado de su marido, Iñaki Urdangarin, de cuyos negocios irregulares la Infanta era presuntamente colaboradora necesaria, según el auto del juez Castro.
El bufete del también 'padre' de la Constitución contará para la defensa de la hija del Rey con el abogado y catedrático de Derecho Penal Jesús María Silva, que desde 2009 dirige el despacho que la firma Molins & Silva tiene en Madrid, y que desde principios de año colabora con el primero en asesoramiento penal.
Prepararán la declaración de la Infanta ante el juez José Castro del sábado 27 de abril, aunque la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la fecha quede en suspenso hasta que la Audiencia de Palma resuelva el recurso presentado contra su imputación. El juez Castro ya decidió esta mañana dejar sin efecto la declaración para la fecha citada hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial.
Roca Junyent ha dicho a los periodistas que no hará declaraciones sobre el proceso penal y que solamente dará información cuando crea que haya algo "que contar".
En un comunicado este viernes, su despacho ha explicado que pone a disposición del caso los recursos y servicios de sus oficinas en Barcelona y Palma de Mallorca, donde se instruye el caso.

El Rey consensuó con la infanta Cristina la elección de sus abogados

MADRID.- El Rey consensuó con la Infanta Cristina la elección de los abogados que se encargarán de su defensa en el caso de que la Audiencia Provincial de Palma ratifique la citación como imputada de la hija menor del monarca decidida por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, han informado hoy fuentes solventes.

   Ambos estuvieron de acuerdo en que la persona más indicada podía ser el abogado y exsecretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Miguel Roca, amigo del monarca desde los tiempos de la Transición, --fue ponente de la Constitución-- aunque su especialidad es el derecho mercantil, más que el penal.
   El acuerdo que el despacho de Roca tiene con el abogado penalista Jesús María Silva, del despacho Molins & Silva, despejó las dudas que padre e hija pudieran albergar sobre la elección y la Infanta Cristina habló anoche con Roca para cerrar el encargo, han añadido las mismas fuentes.
   La implicación del monarca en la elección de la defensa de la Infanta marca una diferencia con la imputación del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, que eligió a un abogado de su confianza, Pascual Vives, sin que Zarzuela interviniera en esta decisión.
   Las fuentes consultadas enumeran tres elementos que diferencian una imputación de otra: que en este caso se trata de la hija del Rey, que Zarzuela cree en su inocencia y que por tanto considera injusta su imputación.
   Tras conocer la decisión del juez Castro de citar a declarar a la Infanta Cristina como imputada, la Casa del Rey vio oportuno, una vez que la Fiscalía anunció que recurriría esa imputación, mostrar un cierto apoyo implícito a la Infanta, sin ánimo de interferir en la decisión judicial, que tras el recurso de la Fiscalía queda en manos de la Audiencia Provincial de Palma.
   A través de una declaración leída por un portavoz de la institución a las agencias de noticias, Zarzuela expresó su "sorpresa" por el "cambio de posición" del juez José Castro que ha llevado a la imputación de la Infanta Cristina, manifestó su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir el auto y expresó su malestar por haber conocido la noticia a través de los medios de comunicación.
   Una toma de posición criticada desde algunas fuerzas políticas, como el PSOE, cuya vicesecretaria general, Elena Valenciano, pidió a la Casa del Rey que sea neutral ante la imputación de la Infanta Cristina en el 'caso Nóos y "deje actuar a la Justicia para que se haga Justicia".
   En el entorno de Zarzuela se considera en cambio que no ha habido ningún dato o información nueva que justifique la imputación de la Infanta respecto de los datos que el juez ya conocía en marzo pasado, cuando se mostró en contra de imputarla.

La Administración General del Estado no pagará los abogados de la defensa de la Infanta

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la Administración General del Estado "no va a pagar" los abogados de la defensa de la Infanta Cristina, que ha sido citada como imputada en el 'caso Noos' que instruye el juez José Castro.

     "La Administración General del Estado no va a pagar los abogados de esa defensa, ni la va a defender el servicio jurídico del Estado", ha declarado Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada si el pago de la defensa de la Infanta saldrá de alguna partida de presupuesto público.
   A renglón seguido, la 'número dos' del Ejecutivo ha explicado cómo funciona la defensa jurídica del Estado asegurando que se trata de partidas destinadas fundamentalmente a asistencia jurídica del Estado y contratos que se hacen fuera, de acuerdo a lo que establece la Ley de Asistencia Jurídica del Estado.
     Dicho esto, ha indicado que ella no tiene conocimiento de cómo pagará la Infanta su defensa y ha añadido que de aquellos aspectos que se refieren a gastos reservados que afectan a la Casa Real se informa en la Comisión de Gastos Reservados. "No le puedo decir nada más, porque nada sé cómo se va a efectuar ese pago", ha recalcado.
     El abogado y exsecretario general de CDC, Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución,  ha declarado este viernes a los medios de comunicación que defenderá a la Infanta en el caso de que no prospere el recurso que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado contra su imputación. Y ha añadido que "lógicamente" ya ha hablado con la Infanta Cristina.

Zarzuela y Moncloa estudian cómo encajar la Casa del Rey en la Ley de Transparencia

MADRID.- La Casa del Rey trasladó al Gobierno su "deseo" de ser incluida en la futura Ley de Transparencia por lo que desde hace "más de dos meses" existen conversaciones entre el personal de Zarzuela y representantes del Gobierno sobre el alcance de este control, ha informado hoy un portavoz de la Casa.

   Es decir, la iniciativa de que la Casa del Rey se someta a la futura ley de Transparencia partió del propio Palacio de la Zarzuela, según la misma fuente.
   La Casa del Rey nunca se ha manifestado en contra de someterse a este control si bien públicamente, cuando se le preguntaba acerca de este tema, se limitaba a señalar que se trataba de una decisión que estaba en manos del Parlamento.
   Hasta dónde llegará el control de la norma futura es algo que tendrán que acordar las fuerzas políticas, ha añadido el portavoz, que no ha especificado si la Casa ha hecho propuestas en este sentido sobre qué asuntos deberían quedar regulados por la ley y cuáles no.
   El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio el proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, una norma con la que el Ejecutivo pretende que los ciudadanos tengan un mayor control sobre cómo se manejan los fondos públicos. También reforzará la responsabilidad de los gestores públicos en el uso de los recursos.
   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado públicamente que esta ley "contribuirá de forma determinante a restaurar la confianza en las instituciones" y a "mejorar" la calidad de la democracia.
   La Ley de Transparencia se encuentra en este momento en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Desde hace un par de meses, varios expertos han desfilado por la Comisión Constitucional del Congreso para realizar sus aportaciones sobre cómo mejorar esta norma.
   De hecho, el próximo 10 de abril habrá más comparecencias de expertos, en mayo se abrirá el plazo de enmiendas y se prevé que antes del verano la norma sea aprobada en el Congreso de los Diputados y remitida al Senado.
   Algunas formaciones como Izquierda Unida, ERC o UPyD han exigido con más ahínco, al hilo de las últimas noticias sobre la princesa Corinna o la herencia del Rey, que la Casa Real se someta a la Ley de Transparencia.
   El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, garantizó que las partidas administrativas de la Casa del Rey estarán sometidas a la Ley de Transparencia, es decir, que se podrán conocer, por ejemplo, los contratos y servicios vinculados a la Jefatura del Estado que dependen de distintos departamentos ministeriales.
   También adelantó que lo que sí quedará fuera de la futura norma será el reparto que hace el monarca de la asignación presupuestaria que recibe anualmente para el mantenimiento de su familia y de la institución, que está blindada en la Constitución.
   No obstante desde 2011, la Casa del Rey, de manera voluntaria, hace público un desglose de la partida que recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado (en torno a unos ochos millones de euros en los últimos años) detallando el montante de los sueldos del Rey y del Príncipe, entre otros elementos.