PALMA DE MALLORCA.- El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, denuncia
haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la fianza de
8,2 millones de euros decretada contra él y su exsocio Diego Torres.
Así lo manifiesta en el recurso que ha interpuesto contra la caución "a los efectos de que [el derecho
supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el
momento procesal oportuno", ante la Audiencia Provincial de Baleares y,
en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
Un recurso de reforma en el que, además, considera que, en el caso
de que finalmente devenga firme la fianza en la anterior cuantía, se
vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un
"enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior
cantidad. Tanto el Duque como Torres tienen hasta esta medianoche para
hacer frente al pago de la caución.
En concreto, el escrito de impugnación acota su análisis a la
transcripción que el magistrado incluye en su resolución de diversas
declaraciones tanto de imputados como de testigos, en base a las cuales
se ha "vedado" la posibilidad de discutir u ofrecer "un juicio de
injerencia distinto al realizado prematuramente por el instructor".
Es más, la defensa de Urdangarin alude a la "inclusión parcial,
sesgada y fuera de plazo" del contenido de determinados documentos, cuya
elección "también ha sido subjetiva", así como de parte de determinadas
declaraciones en sede policial y judicial, que "impiden emitir cuantas
alegaciones resultasen convenientes para la defensa de sus legítimos
intereses".
"La extemporánea, novedosa y sorpresiva introducción por parte del
magistrado en las páginas 293 a 510 (ahí es nada)" de los anteriores
documentos y comparecencias causa, insiste en su recurso, "una
indefensión a esta defensa al transgredirse el principio acusatorio".
Se trata de una situación que el abogado de Urdangarin ha
calificado de "instrucción evolutiva (no se conoce a ciencia cierta qué
hechos se están imputando a mi mandante) ora basada en "trozos o partes
de determinados documentos, ora en las declaraciones parciales, sesgadas
de determinados testigos o imputados", lo que, recrimina, provoca una
"irreversible indefensión".
El letrado apunta asimismo al hecho de que, al incorporar "todo
ese acervo documental y declarativo" en el auto dictado el pasado 30 de
enero, "sin posibilidad procesal de rebatirlo en tiempo y forma", esto
"está causando, de nuevo, afirmamos, indefensión irreparable".
Por otro lado, en lo que al importe de la fianza se refiere, la
defensa asevera que de mantenerse esta cuantía su patrocinado se vería
"abocado a garantizar a favor de terceros, importes que previamente se
han abonado tanto a la Hacienda pública como a proveedores y
trabajadores relacionados bien con los Congresos de Baleares, bien con
los de Valencia".
"Se insiste en la convicción y postura procesal de que a mi
mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil
provisional derivada de la imputación de determinados delitos", asevera
Pascual Vives, quien recuerda que del Instituto Nóos "sólo percibió la
sociedad Aizoon -de la que Urdangarin es copropietario al 50 por ciento
junto a la Infanta Cristina-, durante los años 2004 y 2005, el importe
bruto total de 706.932 euros".
A juicio del letrado, la cantidad decretada "resulta
desproporcionalmente excesiva" y, en caso de resultar la definitiva,
"supondría que ninguna de las facturas emitidas por los responsables de
las diferentes sociedades y asociación afectadas y aportadas por la
defensa de don Diego Torres, y pagadas a terceros, no se computasen,
descontándose de la anterior cantidad".