viernes, 1 de febrero de 2013

La Casa Real quiere que Urdangarín renuncie al título pero él se niega

MADRID.- La Casa Real quiere que renuncie al título pero él se niega. Según informa el portal Vanitatis, la Casa Real quiere que el marido de la infanta Cristina deje de usar voluntariamente su título de Duque de Palma tras todos los acontecimientos en los que se ha visto involucrado con el caso Nóos. 

Pero la cosa no parece tan fácil, ya que parece que debe ser el propio Urdangarín quien renuncie, además de que la Casa Real, por otro lado, asegura que ya han hecho todo lo que debían hacer. Lo que está claro es que Iñaki Urdangarín está metido de lleno en un asunto que pinta bastante negro y su alrededor quiere cada vez tener menos que ver con él. 
Según informa el portal Vanitatis, Casa Real es la primera que quiere que Iñaki Urdangarín deje de usar y renuncie a su título.
Dicho portal asegura que las fuentes de su información confirman esto, pero por su lado, la Casa Real ha dicho que no van a solicitar nada de este tipo al marido de la infanta Cristina porque ya le han retirado de todo aquello que debían, empezando por los actos oficiales y terminando por la última decisión tomada, que ha sido la retirada de toda referencia suya en la página web oficial de la Casa Real.
Según fuentes extraoficiales, a la Casa Real le gustaría que Urdangarín dejase de utilizar el título que le corresponde por esta casada con la hija del Rey y que además renuncie a él a través de un comunicado de prensa. Pero al parecer Iñaki no tiene ninguna intención de hacer tal cosa. Retirarle el título a Iñaki Urdangarín no es cosa fácil si él no renuncia a él, por lo que de momento parece que este supuesto deseo de la Familia Real no se va a cumplir.
Desde el primer momento en el que Iñaki Urdangarín se vio envuelto en todo este asunto del caso Nóos, la Casa Real se ha querido desentender del tema completamente para no verse salpicada de algún modo, y a pesar de ser un miembro de su familia le ha ido dejando de lado de todos los asuntos oficiales. El tema del título es lo último que ha surgido y sobre todo se he debido por el mal uso que es sabido que Urdangarín hace de él, como muestran los últimos emails que han salido a la luz y que llevan una firma un tanto ofensiva hacia la Casa Real.

Recetas imprescindibles para el Heredero / Rafael F. Cid

La fruta está madura y ya se ha generalizado un sentimiento social de necesidad de cambio, mejor hablar de "regeneración". El problema es que el tiempo está en contra. Hace demasiado calor en el ambiente, y en la Casa Real pueden pasar de tiempos de madurez a podredumbre.


¿Podredumbre en la Casa Real? Pobres...   Tendrán sus pecados pero es que son una buena cortina de humo para que otros se escondan. Ahora pondrán el ventilador para manchar a toda la sociedad empezando por la Jefatura del Estado. Así tratarán de justificar el estado inmoral de toda la sociedad. Claro "ellos", como los demás.

A cada hora las cosas pintan peor por La Zarzuela...  No están los tiempos para musicales.


El Príncipe debe sugerirle al Rey la abdicación. O el mismo Rey debe preparar esa abdicación para un plazo breve. Mientras tanto, Felipe debe identificar a aquellas personas, líderes, y sectores sociales que deben protagonizar el cambio. Felipe debe impulsar la "regeneración" del sistema. En ello le va la continuidad de la monarquía. 


El clima social está alcanzando temperaturas muy altas, por el hartazgo sobre una clase política y empresarial depredadora que ha llevado el país a la ruina.


El Rey Juan Carlos supo identifcar en los años setenta a aquella generación del cambio, la que facilitó el final de la dictadura y la llegada de la democracia y la Constitución. Esta, ya en situación de reforma. El Príncipe debe repetir la misma maniobra en un escenario distinto.


La pervivencia de la monarquía depende de su alineación con el pueblo. Alfonso XIII ya cometió el error de equivocar su posición y ya conocemos el resultado.


Es necesario abordar la reforma de la Constitución para ajustar la Carta Magna a las necesidades actuales de la sociedad. Hay que eliminar ciertos privilegios y simplificar el aspecto autonómico.


Debe eliminarse la preferencia del hombre a la mujer en la línea sucesoria a la Jefatura del Estado, y quizá sea el único aspecto a figurar.

La Iglesia debe perder la preeminencia que tiene para que no encuentre amparo para considerarse exenta de fiscalidad, y poder escriturarse a sí misma. La consideración no confesional del Estado español debe ser clara y efectiva. El Estado no debe ser el pagador de las nóminas de los curas, ni su recaudador, ni quien les subvenciona por delante y por detrás las reformas de sus instalaciones. Un tratamiento excepcional a los Bienes de Interés Cultural (Catedrales, etc...).

La financiación de los Partidos Políticos...

La desaparición de las Diputaciones Provinciales y del Senado.

El Tribunal de Cuentas: dotado de medios suficientes para inspeccionar y fiscalizar y denunciar los incumplimientos legales.

La reforma de la Justicia. Desaparición del indulto. Reducción del tiempo en los procedimientos (el criterio "garantista" de la justicia española no es sino la técnica procesal para dilatar los procedimientos "ad eternam", utilizada en la mayoría de los casos para escaparse de la acción de la justicia, y casi siempre va ligada a delitos económicos y relacionados con la política.) La justicia lenta no es justicia, pero si al final escapa el delincuente es ... "un cachondeo".

Democratización de la Justicia. Es el único estamento que aún tiene raíces en el franquismo. La politización de sus órganos de gobierno deviene en un acuerdo entre los dos grandes partidos que pactan su inmunidad (hoy por tí, mañana por mí). Al final se alejan del sentimiento de la ciudadanía que no se ve protegida por quien en última instancia debe impartir Justicia.


Código Penal. Tipificaciòn más clara y contundente sobre delitos de corrupción.


La Administraciones Públicas deben ejercer de garantes y responsables de las haciendas públicas. Hay que encontrar una vía penal para aquellos administradores, funcionarios, políticos, etc. que en función de su actividad "pública" derrochan (roban). El ejercicio público es inherente al cuidado de lo que es de todos. La justicia debe ser especialmente dura, ejemplarizante, con aquellos que, incumpliendo las normas (contratos a dedo, falta de concursos, o concursos amañados, etc.) dilapidan o se benefician de los recursos públicos.


Este aspecto debe ligarse con elementos básicos para el país: la educación y la sanidad. ¿Construir colegios y hospitales para privatizar su gestión?, ¿contratos blindados donde se garantiza la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios?


Sobre las autonomías habría que dibujar un nuevo marco. No tiene sentido que se mantengan vigentes dos formas de acceso a la creación de una Comunidad Autónoma. Uno de los errores pasados fue duplicar la puerta de acceso. En este ámbito debe garantizarse la igualdad de los derechos de todos los españoles, en especial en la sanidad y la educaciòn.

Con la Casa Real, ni luz ni taquígrafos / Miguel Ángel Presno Linera *

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del día 25 de enero, la vicepresidenta del Gobierno declaró, a propósito del proyecto de ley de transparencia, que hay un convenio internacional que establece «la no obligatoriedad de las casas reales» de estar sujetas a las leyes de transparencia.

Ante estas palabras conviene recordar algunas cosas: en materia de transparencia y acceso a la información pública, España ha venido siendo diferente y hasta 2012 no se ha empezado a tramitar una ley de transparencia y acceso a la información como la que tienen desde hace años decenas de países. Y eso sin olvidar que, primero, ya en 2001 el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea reconocía que los ciudadanos «tienen cada vez menos confianza en las instituciones y en los políticos o, simplemente, no están interesados en ellos... Por ello, las instituciones deberían trabajar de una forma más abierta... La democracia depende de la capacidad de los ciudadanos para participar en el debate público. Para ello, deben tener acceso a una información fiable sobre los asuntos europeos y estar en condiciones de seguir con detalle cada una de las etapas del proceso político...».

En segundo lugar, en 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que forma parte del derecho reconocido en el artículo 10 del Convenio (libertad de expresión e información) el acceso a la información (asuntos Társaság a Szabadságjogokért contra Hungría y Kenedi contra Hungría). Y en ese mismo año se aprobó el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, que parte de la consideración de que «el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos: a) proporciona una fuente de información para el público; b) ayuda al público a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas; c) fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad». La premisa básica es que «todos los documentos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos».

En tercer lugar, y volviendo al ámbito de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales reconoce, como derecho de ciudadanía, que todo ciudadano o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento europeo, del Consejo y de la Comisión» y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recordado (sentencia de la Gran Sala del 21 de septiembre de 2010) que «el derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones está ligado al carácter democrático de éstas».

Pues bien, esa anomalía española, no colmada por las previsiones incluidas en la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha venido dificultando el acceso de los ciudadanos a los archivos y los registros administrativos, al que alude el artículo 105.b) de la Constitución, pero, sobre todo, ha obstaculizado el ejercicio del derecho fundamental a recibir información del artículo 20.1.d) y el no menos fundamental de participación política del artículo 23.

Ha tenido que reiterarse la expresión de indignación social que genera la corrupción que crece al calor de la opacidad administrativa para que, por fin, el 23 de marzo de 2012 el Gobierno presentara su anteproyecto de ley de transparencia, que ha ido acompañado de un novedoso proceso público de consulta electrónica. No obstante, si de lo que se trataba en realidad era de promover la transparencia, la participación y el acceso ciudadano, esa excepcional llamada gubernamental a la ciudadanía tendría que haberse hecho de manera más abierta: con más tiempo para participar y no únicamente quince días, con más posibilidades y no el límite de 1.024 caracteres y con verdadera interacción y comunicación, pues a la hora de participar no se podía ver qué era lo que ya habían dicho y sugerido otras personas.

Por limitarme al no sometimiento de la Casa Real a la futura ley, en el que parece haberse empecinado el Gobierno -tampoco se ha escuchado nada en sentido contrario por parte de la propia Casa Real-, es oportuno recordar lo siguiente: si tomamos como parámetro el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, vemos que su artículo 3.1 prevé que «los estados interesados, a la hora de la firma o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante una declaración enviada al secretario general del Consejo de Europa, pueden declarar que las comunicaciones oficiales con la Familia Real y su Casa Real o el Jefe de Estado también están incluidas entre las posibles limitaciones».

Así pues, el Convenio contempla a la Casa Real como un ámbito que puede quedar sujeto a limitaciones al acceso público, pero, en primer lugar, es una posibilidad, no un mandato; en segundo lugar, lo que puede excluirse son las comunicaciones oficiales con la Familia Real, la Casa Real o el Jefe de Estado, pero no a toda la institución y en todo caso. Por otra parte, resulta infundada la justificación ofrecida al respecto por la Vicepresidenta de que dicha exclusión se basa en la circunstancia de que la Casa Real «no es Administración pública». No importa que no sea Administración pública, sino un órgano constitucional, como también lo son, por mencionar algunos ejemplos, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, a los que sí prevé su aplicación el proyecto.

Cuando en democracia lo que por definición debe ser público se oculta a la ciudadanía, uno podría preguntarse: ¿hay algo que esconder? La pregunta que parecen hacernos el Gobierno y la propia Casa Real es: ¿a quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?

(*) 

Carmen Lomana: "La Casa Real parece gobernada por republicanos"

MADRID.-  Carmen Lomana protagoniza en la revista Pocapasta una entrevista en la que no deja títere con cabeza.

Lomana no duda en tocar los sucesivos escándalos que han afectado a la imagen y el valor de la monarquía. "Da la impresión de que la Casa Real está siendo gobernada por un grupo de republicanos recalcitrantes. Todos los gestos de la monarquía en el último año han jugado en su contra. ¿Qué es eso de que Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, espere y salude a Iñaki Urdangarín a la puerta del hospital cuando éste fue a "visitar" a su suegro? ¿No se dan cuenta de la alarma social que crea esa imagen de impunidad?", se pregunta Lomana
"Si el Rey habla, que lo haga para llegar a la gente, sino, que no hable, que no dé entrevistas en las que solo dice vaguedades, como la de Hermida".

El Alcalde de Palma cree que Urdangarin no ha tenido la conducta "más ejemplar"

MADRID.- El alcalde de Palma de Mallorca, Mateu Isern, ha reivindicado que la ciudad se merece el "máximo respeto por parte de todo el mundo" y ha lamentado la conducta del marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, que "quizá no ha sido la más ejemplar posible ni se ha utilizado de la mejor manera posible el nombre" de Palma.

   En declaraciones durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid, Isern ha recordado que el Ayuntamiento de Palma, en un Pleno celebrado este jueves, acordó recuperar como nombre oficial la denominación de La Rambla para la vía pública llamada actualmente como Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca.
   "Con todo el respeto del mundo, creemos que la ciudad de Palma se merece máximo respeto por parte de todo el mundo, sin ningún tipo de excepción, y consideramos que aquí quizá no haya habido la conducta más ejemplar posible ni se haya utilizado de la mejor forma posible ese nombre de Palma de Mallorca", ha explicado.
   El alcalde de la ciudad ha reconocido su preocupación por los casos de corrupción que están saliendo a la luz y ha hecho hincapié en la necesidad de "dignificar" el política. "No podemos consentir que política y corrupción se conviertan en sinónimos porque no es verdad", ha subrayado.
   Isern cree que los casos de corrupción "puntuales" están haciendo "un daño extraordinario" a toda la política y ha subrayado que mucha gente se dedica a la política de forma "honesta, seria y trabajando por el interés público".
   Por ello, considera que cualquier responsable público debe fijarse como prioridad "dignificar" la política y recuperar la confianza del ciudadano. "No podemos permitir ese abismo que se ha abierto entre políticos y ciudadanos. Si eso no es así no vamos a ir por buen camino", ha reconocido.